Asentamientos en Huelva sin escudo social

Asentamientos en Huelva sin escudo social
Cerca de 3.000 personas, unas 2.500 según Cáritas, viven en varios asentamientos urbanos y rurales repartidos por la provincia de Huelva. En febrero, el relator especial de la ONU para la Pobreza Extrema, Paul Alston, había denunciado sus condiciones de vida, agravadas todavía más tras la declaración del estado de alarma y el parón en la actividad económica.

En plena campaña de la fresa, las patronales agrícolas han alertado de la falta de mano de obra para realizar la cosecha y han pedido al Gobierno medidas especiales para cubrir las vacantes. El Colectivo de Trabajadores Africanos también ha solicitado, como están haciendo otras organizaciones de derechos humanos, e incluso varias HOAC diocesanas, la regulación extraordinaria de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Javier Pérez Ceper, coordinador autonómico para Andalucía y Ceuta de la Fundación Cepaim, lleva desde 1991 trabajando con personas migrantes desde diferentes proyectos. Dice que estos años de trabajo le han enriquecido personalmente, conociendo otras culturas, diferentes formas de enfrentarse a la vida con un mismo objetivo: cumplir los sueños de cada persona. De todos estos años se queda con la sonrisa de aquella persona que apenas habla el castellano y que está en situación de extrema vulnerabilidad. Esa sonrisa es el mejor regalo.

«La realidad de los asentamientos chabolistas no es nueva en la provincia de Huelva. Desde 1999 nos encontramos con personas que residen en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera en unas condiciones infrahumanas», explica y detalla que «estas chabolas están construidas con tubos de riego, plásticos, cuerdas y maderas. En algunos municipios nos las encontramos en el mismo pueblo, como un barrio nuevo que hubiera nacido en los últimos años y en otras localidades, se encuentran en mitad del campo, alejados de los núcleos urbanos dificultándose el acceso al agua, a la compra de alimentos y a la relación con la comunidad».

Preguntado sobre el número de personas que se encuentran en estas difíciles circunstancias, comenta que son «alrededor de 3.000 personas, pero rápidamente pide no centrarse en las cifras, sino incidir en que detrás de ellas, hay nombres y apellidos de personas como tú y como yo y como Messi y como Ansu Fati». Se le vienen a la cabeza «Ahmed, Youssef, Mmadou, Mdemba y así un largo etcétera, personas que siguen intentando cumplir con su proyecto migratorio, personas que hace tiempo soñaron con un futuro mejor para ellos y sus familias y hoy sus sueños se están frustrando».

Su denuncia es contundente: «Es lamentable que en la España del siglo XXI siga existiendo esta situación, tal como nos lo recordó el relator de Naciones Unidas contra la pobreza extrema en su visita realizada al municipio de Lepe el pasado mes de febrero». Añade una cita textual: «barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación y con condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier otra parte del mundo».

De momento, afortunadamente no se ha detectado «ningún caso» de persona infectada por la COVID-19 por lo que «a día de hoy, la mayoría de las personas que residen en esta tipología de alojamientos está trabajando, sobre todo, en la agricultura, cumpliéndose lo establecido en el convenio del campo», a pesar de que «tan solo un 20% de estas personas tiene permiso de trabajo». Pero el futuro no es muy esperanzado. Habitualmente, en los meses en los que no trabajan en los campos onubenses, «se dedican a la venta de ropa por las playas, a la limpieza de cuadras, siempre dentro de la economía sumergida», aclara Javier.

El aislamiento impuesto se suma al que es costumbre. Javier comenta que «la relación con la comunidad autóctona es escasa, únicamente en el ámbito laboral. Desde la Fundación estamos poniendo en marcha iniciativas para un mayor conocimiento entre la población autóctona y migrada. Debemos trabajar por la convivencia y no un simple vivir de dos comunidades».

Desde la fundación, se han puesto en marcha proyectos para «profundizar en un modelo territorial, desde una dimensión comunitaria, propiciando un trabajo integral centrado en la ciudadanía que incida en las causas que generan la pobreza y la exclusión social».

Más en concreto, como declara Javier, «desde nuestra área de Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, estamos trabajando en el Barrio Blas Infante, el más cercano a un asentamiento chabolista de Lepe. Hacemos reuniones con los vecinos y las vecinas para que conozcan esta realidad, donde también participan personas residentes de los asentamientos y juntos dar soluciones. Hacemos también acciones donde se fomente la interculturalidad, participación y convivencia, por ejemplo, la celebración de las hogueras de San Juan en la playa de la Antilla». Eso no es todo, «al mismo tiempo realizamos acciones de sensibilización en el IES el sur del municipio lepero con el alumnado, con la finalidad de informar y romper prejuicios existentes».

Su petición a las diversas instituciones, es muy clara: «Es hora de estar todos unidos. No podemos pasarnos continuamente la pelota de unas administraciones a otras». Ante el estado de alarma, explica que «desde Fundación Cepaim hemos constatado, que las medidas que se están desarrollando durante esta crisis en todo el territorio nacional, se están concentrando en la atención de las personas sin techo y las personas que utilizan las redes de recursos asistenciales a personas sin hogar, pero estas ayudas no llegan a las personas sin hogar más invisibilizadas, las que residen en asentamientos chabolistas».

«No podemos permitir que estas personas continúen permaneciendo ni un minuto más fuera de la protección del escudo social, ya que, las precarias condiciones materiales en las que residen, aisladas, sin acceso al agua, al saneamiento o la electricidad, en hogares que son ruinas, construidos con desechos, constituyen un ecosistema óptimo para la propagación del virus», denuncia.

En su opinión, «la solución que venimos proponiendo es la de realizar un verdadero trabajo en red, entre la administración estatal, autonómica y local, el colectivo empresarial, los sindicatos, las entidades del tercer sector de acción social y la ciudadanía».

De ahí que sea del parecer de que «debemos de apostar por la regularización extraordinaria de personas inmigrantes para que se puedan incorporar con un permiso de trabajo y residencia a las labores agrarias y que salgan de ese oscuro escalón de la pobreza que es la economía sumergida. La ley de extranjería permite que por circunstancias sociales y excepcionales y ahora lo son. Ellos también son héroes de la pandemia. Trabajadores y trabajadoras de los campos agrícolas que recogen los frutos para llevarlos a nuestras mesas y que no nos falte ningún alimento básico».