CSI, Fábricas de ropa

CSI, Fábricas de ropa

CSI | Normas obligatorias en las cadenas de suministro

La Confederación Sindical Internacional (CSI), en su propuesta «Hacia la diligencia debida obligatoria en las cadenas mundiales de suministro», plantea la necesidad de establecer ya normas obligatorias para el comportamiento de las empresas, tanto en las legislaciones nacionales como en el conjunto de la normativa de la Unión Europea y en un Tratado de la ONU.

La CSI subraya que la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales y los grandes riesgos para los derechos humanos, laborales y sindicales. Muchas empresas han cancelado sus pedidos y se niegan a respetar los compromisos adquiridos, con lo que han dejado sin empleo y sin ingresos a los trabajadores y trabajadoras que producen los bienes y servicios que les permiten obtener enormes beneficios. Son los efectos de una economía global que se mueve al margen de los principios del Estado de Derecho.

Por eso, la CSI insiste en normas legales obligatorias que contemplen, al menos: su aplicación a todas las empresas sin excepciones; en todas las estructuras y relaciones comerciales; con protección efectiva de todos los derechos humanos, laborales y ambientales; con mecanismos reales de queja y reparación en los lugares de trabajo; control y sanciones por un organismo público competente; responsabilidad de reparar los daños derivados de la violación de los derechos; con la responsabilidad de las empresas de ser ellas las que demuestren que no han podido hacer más en la protección de los derechos en sus cadenas de suministro; con la participación significativa de los sindicatos en el cumplimiento de esas normas.

Fábricas de ropa | Resistencia de las trabajadoras

La crisis de la COVID-19 está dejando sin medios de vida a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de la confección. Pero, además, en muchos lugares se enfrentan a las prácticas antisindicales de las empresas.
En Túnez, en la empresa Amera, al reabrir la fábrica tras el cierre por la pandemia, representantes sindicales presionaron para lograr un ambiente de trabajo seguro. La respuesta de la empresa fue despedir a 18 sindicalistas. Tras una larga negociación se logró su readmisión, excepto la de la líder sindical Aicha Dhouioui, con 26 años de trabajo en la fábrica. Entonces la plantilla, ante la negativa de la empresa a seguir dialogando, inició una huelga en solidaridad con la sindicalista hasta que fue readmitida.

En India, trabajadoras que ganan menos de 4,5 dólares al día en la empresa Gokallas Export (que produce en sus 20 fábricas para grandes marcas multinacionales), han resistido a la pretensión de la empresa de cerrar la única de sus fábricas en las que hay organización sindical. La empresa despidió ilegalmente a las 1.200 trabajadoras y trabajadores de la fábrica, pues no tenía la preceptiva autorización del Gobierno, obligatoria para despidos en fábricas de más de 100 empleados. Tras el despido ilegal, la empresa presionó individualmente a trabajadoras y trabajadores para que lo aceptasen voluntariamente si querían cobrar los salarios atrasados, yendo incluso de aldea en aldea para que firmaran el despido voluntario. Pero las trabajadoras han resistido a las presiones y el pleito por la ilegalidad de los despidos sigue en pie.

Los sindicatos denuncian que, particularmente en Asia, algunas empresas están utilizando como pretexto la COVID-19 para romper sindicatos, cerrando las fábricas donde mayor es la presencia sindical que lucha por salarios más altos y mejores condiciones de trabajo.