Detenciones arbitrarias, trato degradante y nula atención a las familias de migrantes en Canarias

Detenciones arbitrarias, trato degradante y nula atención a las familias de migrantes en Canarias
Foto | EFE, Ángel Medina G.
Presentan tres quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con la detención y trato degradante a personas migrantes.

Según la información del expediente que ha tenido acceso Noticias Obreras, el abogado  voluntario del grupo del CIE y del Secretariado Diocesano de Migraciones de Canarias, Daniel Arencibia, ha solicitado ayuda al Defensor del Pueblo, mediante tres escritos documentando detenciones arbitrarias de personas migrantes; detenciones que exceden de las 72 horas permitidas, repitiéndose las irregularidades que llevaron al cierre del campamento de Arguineguín; trato degradante en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria) y nula atención a las familias que denuncian desapariciones.

Detenciones arbitrarias de personas magrebíes

La primera solicitud de ayuda al Defensor del Pueblo, relata cómo desde mediados de diciembre de 2020, hay desplegado un operativo policial que ejecuta detenciones al amparo del artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, y que afectan básicamente a ciudadanos magrebíes. Estas detenciones solo son consideradas legales “cuando concurren indicios de infracción o delito, lo que no concurre”, unos hechos que no sucede. Suelen tener una duración de 6 horas, un tiempo que afecta a la movilidad y los viajes de los detenidos. Estas prácticas afectan a la libertad deambulatoria de personas que, portando pasaporte, cumplen con los requisitos para desplazarse a territorio peninsular.

Detenciones que exceden más de 72 horas y trato degradante

El abogado cuenta, en un segundo escrito, que los ciudadanos alojados en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria) exceden las 72 horas en las instalaciones sin ser puestos a disposición judicial, ni permitiéndoles salir sus instalaciones. Una situación que viene siendo habitual y que es argumentada por motivos de “contacto estrecho” con positivos de COVID19. Sin embargo, y a petición del letrado, no se han podido acreditar con documentación el resultado de la PCR que avalen esa argumentación. Además, en el centro se prescinde de realizar los actos administrativos adecuados al “Registro y Custodia de Detenidos”, recogido en la Instrucción 12/2009, que formalizan la puesta en libertad. Prescindir de dicho trámite y no hacer nada cuando termina la detención, deja a los ciudadanos en una situación de confusión “por lo que es impensable que el ciudadano extranjero pueda comprender que su estatus jurídico ha cambiado de detenido a libre”. Arencibia describe además que este nuevo centro no reúne las condiciones adecuadas para la atención digna a las personas migrantes. Un centro sin duchas, donde no se sirve comida caliente suficiente, ni tiene electricidad. Son unas carpas precarias situadas sobre un suelo embarrado, que no hacen más que convertir “en trato degradante”.

Nula atención a las familias que denuncian desapariciones

Finalmente, en el último escrito, señala que no se ha creado el Punto de Información a Familiares, en Arguineguín, tal y como exige el artículo 25 del Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Cientos de personas están buscando a familiares desaparecidos durante 2020. Solo saben –describe la queja– que se embarcaron rumbo a Canarias y no han vuelto a tener noticias. La inexistencia de este mecanismo de información, dificulta e impide seguir la pista de familiares que llegan a Canarias.