Cuando todo paró, el mundo del trabajo sacó adelante el país

Cuando todo paró, el mundo del trabajo sacó adelante el país

Este Primero de Mayo volvemos a recuperar la presencia en las calles. Lo hacemos tras un año tremendo en todos los órdenes, particularmente en el sanitario. Una pandemia sin precedentes modernos nos ha recordado, dramáticamente, nuestra vulnerabilidad; incluso nuestra fragilidad. Decenas de miles de personas fallecidas en nuestro país, incontables en el mundo. Recordarlas hoy es un deber de humanidad.

Como lo es poner en valor el papel desarrollado por la clase trabajadora. Cuando todo paró, fue el mundo del trabajo el que sacó adelante el país. Los servicios públicos se han mostrado como una forma de organización social determinante para hacer frente a una crisis sin precedente. Digámoslo una vez más. No es el heroísmo del personal sanitario lo que ha salvado vidas. Es el hecho de que su enorme profesionalidad se ha dado en un sistema de sanidad pública y universal que –pese a años de recortes– protege al conjunto de la ciudadanía.

Necesitamos contener definitivamente la pandemia a través de un proceso de vacunación masiva, que nos permita recuperar cierta normalidad, social y económica. Pero a la vez es fundamental promover un ambicioso programa de inversiones y reformas que nos permita recuperar empleos.

Desde CCOO interpretamos el actual momento histórico como uno de los más determinantes que hemos atravesado. Estamos dejando atrás la crisis económica más profunda conocida en tiempos de paz. Una crisis que tanto en España como en Europa se ha abordado –hasta ahora– desde parámetros opuestos a la anterior. Si desde el año 2010 la UE, y particularmente España, vivimos la ferocidad de las políticas de austeridad, en esta ocasión se han movilizado recursos sin precedentes en el marco de la Unión, financiados además a través de deuda en común. Algo impensable hace apenas 15 meses.

En nuestro país, algunas de las medidas puestas en marcha, como los ERTE, han logrado algo inédito en las crisis económicas españolas: que la destrucción de empleo haya sido porcentualmente inferior a la caída de la economía en términos de PIB.

El esfuerzo económico para sostener las rentas de nuestro país no tiene precedentes. Y sin embargo tiene dos contrapuntos a destacar. El primero, que ha sido menor que el de otros países de nuestro entorno, lo que nos da la medida de nuestra debilidad histórica en términos de país para hacer frente a las crisis –y aquí tiene mucho que ver nuestra menor contribución fiscal respecto a la UE–. El segundo es que, pese a los recursos movilizados, las situaciones de dificultad, pobreza o exclusión están muy lejos de desaparecer, lo que nos da la medida de lo mejorable de nuestro modelo de protección social.

La respuesta europea era clave –seguramente por la propia supervivencia de la Unión– y ha movilizado una cantidad de recursos que ofrece a España una oportunidad. Hasta 140 millones de euros –entre transferencias y créditos– pueden promover algunas de las mutaciones que nuestro modelo económico necesita. Pero para que estas transformaciones repercutan en la vida real de la mayoría social y de las personas trabajadoras, hay que mejorar sustancialmente la calidad del empleo de nuestro país, los niveles de contribución fiscal, y la red de servicios públicos y políticas de rentas.

Se suele dar en España un falso dilema entre la eficacia económica y la justicia social que hay que romper en este momento. La apuesta competitiva de España casi siempre ha estado ligada a políticas destinadas a la contención o reducción de los salarios, a la externalización del riesgo empresarial sobre los hombros del Estado o de las personas trabajadoras, y a un ventajismo fiscal y legislativo como forma de atraer inversión extranjera en sectores de poco valor añadido, y exceso de dependencia del turismo y las burbujas de endeudamiento externo.

Para ese proyecto se “inventó” un modelo laboral, un modelo fiscal y un modelo de subcontratación, funcional a un perfil de empresariado bastante poco innovador, y en demasiados casos con tendencias parasitarias sobre los recursos públicos. Ahí hay que interpretar la reforma laboral del año 2012, pero también que España sea campeona de Europa de temporalidad, o un modelo de descentralización productiva no pensado para la especialización (hacer mejor) sino para disminución de costes (hacer más barato, normalmente pagando menos a través de sistemas de subcontratación).

El sistema de incentivos de la legislación laboral española,
la política fiscal, el nivel de los salarios
o la tolerancia con la economía sumergida,
deben ser corregidos.

Pues bien, es el momento de hacer una apuesta por invertir esta tendencia. El sistema de incentivos de la legislación laboral española, la política fiscal, el nivel de los salarios o la tolerancia con la economía sumergida, deben ser corregidos.

La distribución de los recursos europeos sitúa por primera vez a España, como Estado, en disposición de acometer políticas de planificación sectorial e industrial con márgenes para condicionar decisiones estratégicas de empresas. La palanca financiera con los fondos NGEU, más una política fiscal más ambiciosa en el medio y largo plazo, debieran utilizarse para eso.

Pero para cambiar el modelo hay que ser valientes. Necesitamos crear empleo, pero empleo decente. Con derechos. Estable. La reforma laboral debe ser superada haciendo de la contratación indefinida la norma. Si los ERTE han mostrado su eficacia en la excepcionalidad pandémica, busquemos una herramienta de adecuación de las jornadas de trabajo cuando haya situaciones de crisis. A cambio de no despedir, algún tipo de prestación puede compensar la disminución del tiempo de trabajo. Pero para eso hace falta acotar en serio la temporalidad, restringir el despido, transparentar la información económica de la empresa y democratizar las relaciones laborales.

Impidamos que los procesos de externalización productiva se utilicen para el abuso, para el recorte salarial, para las medidas preventivas que se dejan de tomar en las cadenas de subcontratación, y que están detrás de tantos accidentes de trabajo.

Afrontemos una reforma fiscal de calado. Que aborde las nuevas realidades económicas, reduzca los niveles de elusión y haga frente decidido al fraude.

Reforcemos los servicios públicos, la suficiencia de las pensiones, el papel del Estado como agente económico.

Todas estas cuestiones y muchas más reivindicamos este año, en un primero de mayo en el que volvemos a tomar la calle, con las precauciones necesarias pero con la certeza de que la movilización y organización de la clase trabajadora es un puntal clave para construir una sociedad más justa y más fraternal.