Las familias afectadas por la Fábrica de Uranio de Andújar siguen clamando justicia
En 1981 cerraba sus puertas la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y dejaba tras de ellas 22 años de trabajo sin ningún tipo de protección para una plantilla de 126 trabajadores. La totalidad de estas personas se vieron afectadas por la exposición a las radiaciones ionizantes provocadas por la extracción del uranio y la gran mayoría han fallecido de cáncer por esa causa. Hoy solo 12 siguen vivas y continúan reclamando una justicia que no llega, pues incomprensiblemente no se les ha reconocido la enfermedad laboral.
Entre 1959 y 1981 funcionó a pleno rendimiento la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA). Allí trabajaban 126 personas que, a pesar de estar expuestas a las radiaciones ionizantes que provocaba la extracción del uranio, desempeñaban su labor sin los equipos de protección adecuados, con total inseguridad. Cuentan los trabajadores que incluso comían el almuerzo encima de los bidones de la fábrica y se llevaban a lavar a casa la ropa contaminada del trabajo. La exposición al uranio se extendía así también a sus familiares.
Diez años después del cierre de la FUA, en 1991, se le encargó a la Empresa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (ENRESA) la demolición de los edificios y el sellado con asfalto y hormigón del terreno. Se enterraron allí 1.200.000 toneladas de basura nuclear. Entonces las medidas de seguridad de los que derribaron la fábrica fueron mucho más extremas que las que los trabajadores tuvieron durante toda su vida laboral en contacto directo con el uranio.
En el año 1994, los extrabajadores de la fábrica y sus familiares decidieron organizarse y constituyeron una asociación con el objetivo de que sus demandas fueran atendidas por la Administración. Varios compañeros ya habían fallecido por cáncer u otras patologías asociadas a la exposición a la radiación y otros estaban enfermos. Pero las instituciones les dieron la espalda y durante años han librado una batalla judicial y política sin éxito.
Silencio institucional y enfermedad laboral no reconocida
Resulta además paradójico, frustrante e indignante, cómo aunque preguntas, mociones y proposiciones no de ley han llegado al Congreso de los Diputados, e incluso han sido aprobadas por la totalidad de los partidos políticos, sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas y la enfermedad laboral no reconocida. Incluso cuando los informes médicos realizados a algunos extrabajadores por el Servicio Público de Salud de la Junta de Andalucía, concluyen que “hay una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías, y que han provocado una mayor incidencia de neoplasias en esta población”. Nada de esto parece ser suficiente y la respuesta ha sido y sigue siendo el silencio institucional.
Desde hace más de 20 años el Secretariado de la Pastoral del Trabajo y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) –que llegó a recoger 4000 firmas de apoyo entre los vecinos de Andújar y su comarca– están acompañando a los extrabajadores de la FUA y denunciando esta flagrante injusticia para que no caiga en el olvido.
Solo 12 personas de toda la plantilla que tuvo la FUA siguen vivas hoy y la mayoría están enfermas. Recuerdan desde este movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos que tal y como reza la Doctrina Social de la Iglesia “la dignidad, la salud y la vida de cualquier trabajadora o trabajador, son el bien más preciado”, por eso continúan cerca de esta personas y sus familias que reclaman una justicia y una reparación más que merecida. Este problema y las consecuencias tan graves que ha tenido para la vida de más de un centenar de personas no puede enterrarse, como se hizo con los residuos nucleares de la fábrica de Andújar.
Periodista
