Oposición sindical a los planes unilaterales de Airbus España por su impacto en la calidad y cantidad del empleo

Oposición sindical a los planes unilaterales de Airbus España por su impacto en la calidad y cantidad del empleo
El presidente del Comité Intercentros, además de secretario general de la sección sindical de Airbus, Fran Sanjosé Sánchez, reclama a la dirección de la empresa en España, que cuenta con ocho centros repartidos entre Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, el mantenimiento del empleo directo e indirecto y de la carga de trabajo actual, además de la firma de un nuevo Convenio Colectivo.

Para este sindicalista, que asegura que éstos son “los mínimos en los que están de acuerdo todas las organizaciones de trabajadores presentes en la empresa”, la decisión unilateral de cerrar el centro de Puerto Real (Cádiz), adscrito a Operaciones (aviación comercial), es inaceptable si no se garantiza el nivel de empleo y de facturación en la provincia, aunque carga también contra la decisión de prorrogar el ERTE actual a los 1.200 trabajadores de Operaciones, dejando de pagar el complemento de la nómina, cuando la actividad económica se está recuperando y no ha habido retrasos en los pagos de los clientes de la empresa durante la pandemia.

“Es un chantaje que no podemos aceptar, más aún cuando el Gobierno de España ha liberado ya una partida de 3.500 millones de euros para Airbus”, declara San José. La Junta de Portavoces de Airbus Interempresas, que reúne a los presidentes de los comités de las distintas factorías, ha resaltado en un comunicado que “nunca en la historia de Construcciones Aeronáuticas primero y después Airbus se había implementado un ERTE unilateralmente y sin ningún complemento” y califica la medida anunciada por la empresa como “declaración de guerra contra los trabajadores y trabajadoras”.

En este comunicado se afirma que el fin que persigue, con esta decisión, la dirección de Recursos Humanos es “desgastar a los sindicatos, eliminar los derechos y las conquistas colectivas realizadas y destruir la negociación colectiva”, por lo que no descartan en septiembre iniciar movilizaciones y llamar a la huelga.

Por el momento, los sindicatos del comité intercentros van a estudiar la posibilidad de denunciar el incumplimiento del artículo 60 del convenio colectivo y llaman a no mantener reunión alguna con la dirección.

El centro de Puerto Real, en el aire

A pesar de las movilizaciones, incluidas reuniones con el presidente de la Junta de Andalucía, la dirección sigue empeñada en aplicar su plan de cierre del centro de Puerto Real, dedicado a la aviación civil, y el traslado de su plantilla al Puerto de Santa María (Centro Bahía de Cádiz El Puerto), lo que eufemísticamente llama “consolidación de dos centros en uno”.

La dirección mantiene su compromiso de llevarse los 300 puestos de trabajo directos al CBC El Puerto, dedicado a la aviación militar, dejando en el aire los 200 empleos de las subcontratas y auxiliares y los otros 1.000 indirectos generados por unas 25 empresas que dependen de la actividad del centro portorrealense.

Por más que desde la empresa, se insiste en que mantendrá la misma carga de trabajo, los sindicatos han expresado sus reservas, dado que no se ha planteado ampliación en la fábrica militar, ni están claro los costes de introducir procesos productivos que hasta ahora le son ajenos. En Puerto Real son 60.000 metros cuadros dedicados a la producción de Airbus, mientras que en el CBC El Puerto son 40.000 metros en la del CBC. Muchos temen que al poco tiempo de haberse consolidado la fusión, sobrará personal.

El papel de las Administraciones

Sanjosé, el presidente del Comité Intercentros, ha explicado que los sindicatos hasta ahora han mantenido su disposición a dialogar y alcanzar a acuerdos, sin que la dirección de la empresa haya estado a la altura. “Habríamos aceptado un convenio de moderación, dada la coyuntura, hasta que se recuperasen todos los índices económicos, pero la empresa no ha querido y ha preferido actuar por su cuenta”, ha declarado.

Ahora, es también, el tiempo en que se involucren, a su juicio, las Administraciones, empezando por los ministerios de Industria y de Trabajo, pero también de Hacienda, que canaliza la participación del Estado a través de la SEPI, y terminando por las distintas consejerías autonómica interesadas en el mantenimiento y creación de empleo de calidad.