UGT apuesta por potenciar el diálogo social para “construir un mejor país”

UGT apuesta por potenciar el diálogo social para “construir un mejor país”
El aumento del SMI, la derogación de las reformas laborales o la implementación en nuestro país de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, prioridades de la UGT para los próximos meses.

En el transcurso de un encuentro informativo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado las prioridades y retos de su sindicato, en los próximo meses, en relación a la situación económica, política y social. En primer lugar, Álvarez ha subrayado la importancia del diálogo social, que “debe ser el impulsor de la modernización de nuestro país. Tenemos negociaciones abiertas con el Gobierno y los empresarios en distintas materias, muchas de ellas maduras y fundamentales para nuestro modelo productivo, que hay que cerrar. En pospandemia vamos a ser más exigentes a la hora de llegar a acuerdos de lo que lo hemos sido durante el coronavirus”, ha dicho.

Trabajo decente y derechos colectivos

En este sentido, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores el empleo y su calidad es una prioridad de primera magnitud. Álvarez ha destacando la recuperación que se ha logrado y su cara b, que “esconden una parte extremadamente negativa, como es la precariedad del empleo que se crea. En agosto, para generar 180.000 puestos de trabajo, se han tenido que hacer 1,4 millones de contratos”. Este modelo de temporalidad, está estrechamente ligado a la última reforma laboral impuesta de la que viene reclamando su derogación. “El Ministerio de Trabajo nos manifestó que en septiembre se pondría fin a las negociaciones para derogarla con acuerdo con los agentes sociales. De hecho, si quieren cumplir con su compromiso con la UE debería ser así. Por nuestra parte, hay todas las condiciones para cerrarlo ya. Esta mesa está abierta desde antes de la pandemia. No derogar las reformas laborales no es solo incumplir con la UE, sino rechazar una necesidad del sistema de relaciones laborales en nuestro país. O tomamos medidas para que en un año hayamos bajado un 25% la temporalidad, o no tendrá sentido ningún acuerdo en esta materia. No habrá cambio de moldeo productivo si no se derogan las reformas laborales”.

La creación y mejora de la calidad del empleo, la recuperación de derechos colectivos y de cuestiones como la ultractividad, la prioridad del convenio sectorial con el de empresa, la regulación de las subcontrataciones de las empresas, la regulación del despido para causalizarlo, son algunas de los temas que debe de abordar esta mesa de diálogo social. El líder de UGT ha insistido en la necesidad de atajar la temporalidad “es un cáncer al que hay que poner terapia” para que disminuya la siniestralidad laboral”, ha denunciado.

SMI: aumento a 25 euros para 2021 o movilizaciones

Uno de los temas que sigue coleando, pese a que las negociaciones “están agotadas” es el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). “Su subida tiene que ser inminente y Deberíamos haberlo tenido zanjado antes del 1 de septiembre”. No obstante, Álvarez ha planteado dos procedimientos para abordar su subida “hablar del año 2021 y establecer la senda hasta 2023. Hay que recuperar parte de lo perdido en 2021 y se debe subir según la realidad económica que existe en nuestro país, que en la actualidad cuenta con un aumento de precios del 3,3%. Si no se va a subir desde primeros de año, ahora hay que subirlo por encima del coste de la vida, entre los 25 y los 30 euros para este 2021. Si se negocia de aquí a 2023 podemos ser más flexibles, porque lo importante ahora es despejar el SMI en lo que queda de legislatura para llegar en 2023 al 60% del salario medio en nuestro país, en torno a los 1.060 euros. Si no se quiere negociar hasta 2023, hay que incrementarlo para este año en torno al coste de la vida, no menos. En 2022 ya tendríamos que estar en los 1000 euros”.

En este sentido, ha manifestado la necesidad de “ver cómo discurren los acontecimientos. Vamos a hacer todo lo posible para que CEOE firme el acuerdo, porque no hay argumentos sólidos para no hacerlo. Ningún país de nuestro entorno lo ha congelado. Los sectores a los que afecta más no se han visto especialmente dañados por la pandemia. No hay ninguna razón para establecer un SMI por cada comunidad autónoma (CCAA), cuando no quieren subirlo de ninguna manera. El SMI es un complemento de la negociación colectiva. El alma de los salarios es la negociación colectiva, y en las comunidades autónomas ya funciona de manera plena”.

En cualquier caso, ha resaltado que UGT “no se quedará de brazos cruzados si el Gobierno no toma una decisión en relación al SMI. No vamos a firmar un acuerdo para 2021 que no esté en torno de 25 euros. Menos de 19 euros me parece difícil de explicar. Tienen que saber que, en la medida que no haya acuerdo y no tome una decisión, nosotros en las mesas de negociación estaremos en situación de incomodidad. Si no hay conclusión favorable, el Comité Confederal de UGT puede tomar la decisión plantar al Gobierno en las mesas. Espero que la palabra del presidente de un aumento inmediato se plasme, con acuerdo o sin acuerdo. Si el aumento es menor del que planteamos para 2021, no nos bajaremos del acuerdo pero habrá movilizaciones”.

Fondos de reconstrucción de la UE

El tercer tema que Álvarez ha resaltado en su comparecencia, es el destino de los fondos de reconstrucción de la UE que deben ser negociados y acordados para ayudar a crear ese nuevo país. “La implementación en las empresas debe ser bajo el consenso y el acuerdo. Deben servir no para despedir, sino para actualizar el sistema productivo de nuestro país. Queremos conocer los proyectos presentados, los criterios que tendrán el Gobierno o las comunidades autónomas para aprobar esos proyectos. Me preocupa que haya proyectos similares en más de una CCAA. Debe haber un debate para ver cómo se destinan estos fondos para establecer un proyecto de España común y moderno” y deben ser también esenciales para potenciar los servicios públicos básicos  como la sanidad y la educación. En este punto, es “poco razonable que desde algunas fuerzas políticas se señale que los recursos de la UE, que son para la reconstrucción y la mejora de nuestra economía, vayan a gastos ordinarios y estructurales del país. Si para bajar el recibo de la luz tienes que dejar de recaudar 9.000 millones de euros, ese montante tendrás que reponerlo en los PGE mediante los impuestos” ha dicho.