Las personas sin hogar han quedado abandonadas por el sistema de protección social

Las personas sin hogar han quedado abandonadas por el sistema de protección social
En el Día de las Personas Sin Hogar, que este año se celebra, el 31 de octubre, las organizaciones que atienden esta realidad alertan de que la protección social no llega a las 40.000 personas en situación de calle.

La situación no es mejor para los 2,5 millones de personas en extrema vulnerabilidad que existen hoy en nuestro país como secuencia de los efectos de la crisis, enfrentadas a un sinfín de obstáculos para acceder a una vivienda o conservarla.

Las entidades que impulsan en toda España la Campaña de Personas Sin Hogar –Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao)– quieren llamar la atención sobre la grave situación de desprotección social y falta de oportunidades en las que nos encontramos miles de personas en situación de sin hogar.

El responsable de Personas Sin Hogar de Cáritas Española, Enrique Domínguez afirma que “esta es la realidad que constatamos desde Cáritas y desde las entidades, cada día más compleja y difícil para que estas personas puedan acceder a los derechos humanos y a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, y para mantener la esperanza de lograr salir de un círculo de pobreza y de la falta de oportunidades que día a día les va asfixiando más”.

Suspendida la protección social por el confinamiento

Con la COVID-19, las personas más frágiles y vulnerables ven agravada su situación en medio de la desprotección social. Las medidas de contención de la pandemia se tradujeron en la reducción, o cancelación automática, de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales, con lo que las personas en situaciones vitales muy complicadas no vieron interrumpidos sus procesos de acompañamiento personal, o de acceso a recursos y prestaciones sociales.

Así, personas sin título legal en sus alojamientos o lugares en los que viven han tenido que abandonar sus viviendas ante el temor al contagio de la propiedad, otras que se alojaban en pensiones u hostales se vieron en la calle, al quedar cerrados. Empleadas de hogar en régimen interno fueron expulsadas de los domicilios, mujeres víctimas de trata o que ejercían la prostitución quedaron expulsadas de los clubs o pisos donde se alojaban…

Del mismo modo, personas que han tenido que pasar la cuarentena han abandonado sus alojamientos debido al hacinamiento en el que vivían, sin tener otro lugar donde vivir. Tampoco las personas temporeras han encontrado alternativas de alojamiento seguras y adecuada, con lo que han quedado más expuestas al contagio.

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Prevención y derechos

El sistema de protección social debería contar con medidas de carácter preventivo, y no meramente asistenciales, ir más allá de la concesión de prestaciones económicas, incluyendo medidas de acompañamiento social a corto, medio y largo plazo, contar con las personas vulnerables en el diseño de las políticas públicas que desarrollan sus derechos humanos, además de evaluar y coordinar los planes sociales puestos en marcha.

En coherencia con los derechos fundamentales, el acceso a la protección social debería estar garantizado para todas las personas, sin barreras burocráticas insalvables, así como garantizar el acceso a la justicia para denunciar la vulneración de los derechos.

Ante la emergencia habitacional

Además de la protección social para las personas en situación desesperadas, es necesario atender las crecientes dificultades para gran parte de la población que ven amenazado su derecho a contar con una vivienda digna. En este sentido, las entidades especializadas en la atención a las personas sin hogar reclaman:

  • Crear un parque público de viviendas sociales para personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda en el estado español.
  • Implantar el enfoque de políticas de empleo para personas con un difícil acceso al mercado laboral velando por una formación adecuada.
  • Garantizar la universalidad, gratuidad y el acceso del derecho a la salud de todos los ciudadanos, especialmente, a los más desfavorecidos.
  • Desarrollar unas políticas públicas de prevención del sinhogarismo, que se anticipen a la pérdida del hogar y que garanticen el acceso a los recursos adecuados.
  • Una garantía de ingresos que no sólo cubra nuestras necesidades básicas, sino que también nos permita disfrutar de la cultura, del ocio y de las redes sociales.
  • Una mayor coordinación entre las instituciones para paliar las consecuencias directas que tienen en nosotros y nuestras familias las distintas situaciones de exclusión social en las que nos encontramos.

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