Presupuestos Generales del Estado, insuficientes y poco ambiciosos

Presupuestos Generales del Estado, insuficientes y poco ambiciosos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la reunión previa al Consejo de Ministros que ha aprobado el Proyecto de Ley de PGE-2022. Foto | Vía Borja Puig
Los sindicatos CCOO y UGT valoran que el propio gobierno los haya desbloqueados para su tramitación y la orientación general de las cuentas, pero “con muchas medidas no tienen un alcance suficiente”.    

La propuesta del Gobierno de las cuentas públicas del próximo año deben ser, en opinión de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, esenciales para impulso económico, modernización del tejido productivo y fortalecimiento del Estado de bienestar, con atención especial a las personas más vulnerables. Las cuentas públicas incluirán gran parte de los fondos de la Unión Europea, que las convierte en una oportunidad para sentar las bases de un modelo de crecimiento más “más estable, eficiente y sostenible, y un Estado de bienestar más robusto”. Señalan además que deben concretar un capítulo de medidas sociales que permitan no solo amortiguar el impacto de la pandemia sobre las personas y los hogares sino también reducir las desigualdades y la pobreza.

FOESSA adelantaba ayer su análisis del impacto de la pandemia en el país, alertando que “la falta de trabajo digno y protección social eleva hasta los 11 millones las personas en exclusión“, que suponen 2,5 millones más que en la crisis económica de 2018. Una grave realidad de 3.543.800 de personas trabajadoras, que quieren acceder a este derecho fundamental y no pueden; un crónico desempleo de larga duración; una tasa de temporalidad (25%) que sigue en aumento; y uno de cada cuatro hogares ha quedado excluido del trabajo digno, tras más de año y medio de pandemia.

Principales materias

En una primera aproximación al proyecto de presupuestos, CCOO y UGT señalan algunas consideraciones en las siguientes materias:

Fomento del empleo. La partida crece en 243 millones de euros, esto es, un 3,3%; alcanzando un total de 7.648. Para protección al desempleo se reduce en 2.555 millones de euros con respecto a los presupuestos de 2021 hasta los 22.457 millones, una caída de más del 10,2%, derivada de la reducción del número de personas desempleadas que conlleva la recuperación económica. Lo importante será, en todo caso, analizar con detalle la evolución prevista respecto de la previsión de liquidación de los presupuestos de 2021, así como las actuaciones previstas para reforzar la plantilla de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Empleo, y en especial el SEPE, actualmente desbordado por la sobrecarga que ha impuesto la pandemia.

Fiscalidad. La introducción de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre la base imponible, es un paso tímido en la buena dirección para incrementar la baja fiscalidad de las grandes empresas. La medida apenas recaudará 350 millones de euros más, frente a los 9.000 millones que recaudaría si el mismo tipo mínimo se hubiese girado sobre el resultado contable de las empresas con beneficios. La propuesta está además por debajo de lo que el propio Gobierno se ha comprometido en las negociaciones impulsadas por la OCDE, donde se promueve que todas las empresas paguen al menos un 15% de sus beneficios. Las empresas de media solo pagan en impuesto un 9,5% de sus beneficios y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, de la construcción o banca aportan menos de un 3%.

Vivienda.  Se valora los avances en materia de control del precio máximo del alquiler en las zonas tensionadas, gravamen de las viviendas vacías, impulso de un parque de alquiler social y reducir las ventajas fiscales de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. La ley de vivienda debe ser de aplicación efectiva en el conjunto del país, en aquellos aspectos que son de competencia estatal, y no una opción voluntaria para Comunidades Autónomas y ayuntamientos, como es el caso de la regulación de los alquileres y la limitación del precio máximo y garantizar esas condiciones y derechos al conjunto de la población. Es insuficiente bajar solo el alquiler a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas, pues representan una parte pequeña de la oferta y además esta disposición solo será efectiva 18 meses después de aprobada la Ley, con lo que sus efectos serán mínimos y muy a largo plazo.

El bono joven de ayuda al alquiler (250 euros/mes) es una medida ineficaz para garantizar el derecho a la vivienda y que posiblemente se traslade a los precios del alquiler para terminar beneficiando a los arrendadores con el dinero público. Salvo que se limiten a viviendas alquiladas por debajo de un precio máximo asumible por los hogares jóvenes y que se articulen mediante un registro público de contratos de arrendamiento que introduzca transparencia y reduzca la discrecionalidad en los alquileres pagados. En todo caso, el alcance será limitado: se estima que beneficiará a 40.000 jóvenes, menos del 10% de la población joven que reside de alquiler con rentas inferiores a 23.700 euros.

IPREM. Este indicador es clave para hacer efectiva la protección social al determinar las cuantías de numerosas ayudas y prestaciones (desempleo, IMV, etc.), se eleva en un 2,5%. Todo aumento es positivo, pero resulta muy insuficiente, puesto que desde que se creó en 2004 hasta 2020 ha aumentado un 84% menos que el SMI, y ha perdido casi seis puntos de poder adquisitivo. Por ello, es preciso que crezca más, y que incorpore un método permanente de actualización que blinde su valor real a lo largo del tiempo.

Ingreso mínimo vital (IMV). Se revalorizará un 3%, en tanto su actualización está ligada a lo que suban las prestaciones no contributivas. A pesar del aumento del gasto, para que este instrumento sea efectivo y alcance la cobertura esperada (850.000 hogares), es preciso reforzar y rejuvenecer plantilla de trabajadores de la Seguridad Social.

Dependencia. La partida aumenta un 23,3%, una medida positiva para intentar alcanzar una cobertura de 1,1 millones de beneficios. A su vez, sigue siendo urgente dignificar el trabajo de las cuidadoras domésticas, lo cual exige ratificar el Convenio 189 de la OIT.

Pensiones. Se concreta una revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación media de los 12 meses en el mes de noviembre, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%. Es el resultado del acuerdo social alcanzado en esta materia.