Continúa la acampada de auxiliares de ayuda a domicilio frente al Ministerio de Trabajo

Continúa la acampada de auxiliares de ayuda a domicilio frente al Ministerio de Trabajo
Integrantes de la Plataforma Unitaria Auxiliares de Ayuda Domicilio mantienen la acampada frente al Ministerio de Trabajo, después de negativa del jefe de gabinete de Vicepresidencia, Josep Vendreill, a abrir una negociación sobre sus reivindicaciones.

Integrantes de la Plataforma Unitaria Auxiliares de Ayuda Domicilio mantienen la acampada, iniciada el pasado 1 de noviembre, frente al Ministerio de Trabajo, después de la negativa del jefe de gabinete de la vicepresidencia segunda, Josep Vendreill, a atender sus reivindicaciones.

Tras 15 días a la intemperie, el representante ministerial exigió el levantamiento del campamento antes de entrar a dialogar sobre unas demandas que la plataforma planteó hace año y medio. La plataforma, creada en 2016, reúne a trabajadoras de la ayuda a domicilio de varias partes del país que piden la equiparación de derechos con el resto de trabajadores por cuenta ajena.

“Después de más de 30 años desde que se creó esta profesión, no existe ningún estudio sobre los riesgos laborales en este sector, sobre la prevalencia de las enfermedades profesionales, ni existe ningún epígrafe reductor para poder anticipar la jubilación”, explica Carmen Diego, una auxiliar de Gijón que ha optado por dedicar sus días de vacaciones a plantarse, junto a otras compañeras, ante el Ministerio de Trabajo.

“Nos dedicamos a la atención personal, el acompañamiento, el mantenimiento del hogar, la administración de medicamentos, si nos autoriza servicios sociales y la observancia de la evolución de la persona atendida…”, detalla Carmen Diego quien además explica que “solemos hacer cuatro movilizaciones por domicilio de personas que normalmente pesan más de 75 kilos, al levantarlas, llevarlas al baño, ducharlas y arreglarlas, llevarlas a desayunar y trasladarla a un sillón…”

Trabajadoras esenciales

“Fuimos las trabajadoras más contagiadas por el coronavirus, después del personal sanitario, pero a nosotras no se nos reconoció como enfermedad profesional”, añade esta integrante de la plataforma de auxiliares a domicilio. Todas estas tareas por unos 1.000 euros al mes por una jornada completa, aunque lo normal es ganar poco más de 400 euros, porque la inmensa mayoría está contratada a jornada parcial.

Las empresas concesionarias cobran a la administración de 20 a 28 euros por hora aunque a las trabajadoras le llega de 9 a 5 euros, dice Carmen Diego, para quien “por mucho dinero que meta el ayuntamiento, a las trabajadoras no nos repercute porque tenemos un convenio colectivo que consagra la precariedad y la pobreza”.

La plataforma reclama la remunicipalización de este servicio, “no hay ningún impedimento legal para que servicios que son de titularidad pública sean gestionados directamente por las administraciones”, lo que redundaría en la mejora del servicio y de las condiciones laborales de quienes los prestan.

Movilización en marcha

De momento, piensan continuar el campamento que durante los fines de semana acoge a compañeras y personas que se han solidarizado con su lucha hasta conseguir que las autoridades gubernamentales se sienten a negociar con ellas y han convocado una manifestación por las calles de Madrid para el 21 de noviembre con el apoyo de organizaciones feministas, colectivos y entidades sociales, para hacer escuchar sus reivindicaciones.

“No tiene sentido que nos dejen fuera, como también les ocurre a las trabajadoras del hogar, de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. Somos trabajadoras por cuenta ajena, como nos reconocen los convenios de la OIT, y tenemos derecho a que se garantice nuestra salud e integridad y a negociar mejoras de las condiciones de trabajo”, concluye Carmen Diego.

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