“El todo no puede sanar si una parte está enferma”

La crisis de la COVID-19 está suponiendo “la profundización de la pobreza preexistente a la pandemia, la llegada de una emergente y la profundización de la que ya había” tanto a nivel mundial como en nuestro país.

Así lo ha confirmado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, durante la presentación de la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España, publicada por Cáritas y la Fundación FOESSA.

Un informe riguroso y exhaustivo de unas 700 páginas en las que han participado 30 especialista de 10 universidades de nuestro país, cuyos principales resultados ya fueron dados a conocer el pasado mes de octubre.

Con este nuevo paso, FOESSA analiza pormenorizadamente el avance de la pobreza y la exclusión social por género, grupos de edad, origen étnico y territorios, además de ponderar la influencia que están teniendo en ello factores como las políticas sociales, el empleo o la reactivación económica.

Lo que ha quedado claro es que “los estudios ponen de manifiesto aumento de la pobreza a nivel mundial”, ha denunciado Peiro, al tiempo que ha señalado que “por primera vez en 20 años la pobreza extrema a nivel mundial ha aumentado”, fenómeno que ha insistido también se está produciendo en nuestro país.

Sin embargo, “muchos de los nuevos pobres serán habitantes de los países que presentan tasas de pobreza elevadas”, ha matizado. El 82% del total de pobreza emergente se registrará en los países que sufren ya una presión por los conflictos, el cambio climático, la transición tecnológica en la que muchos de ellos intentan competir, por la recesión mundial derivada de la crisis de la COVID-19 y por el crecimiento de la deuda en muchos países”.

“Hay que hacer llega las vacunas a los países pobres y apoyar sus sistemas sanitarios”

Ante esta situación global, la secretaria general de Cáritas ha insistido en la necesidad de favorecer la llegada de la vacunas en condiciones más favorables y el apoyo internacional a sus sistemas de salud, para no aumentar más los costes sanitarios que está teniendo la pandemia en estos países.

Retroceso en la lucha contra el hambre

Peiro ha recordado que según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se duplicará en duplicará en 272 millones le número de personas en inseguridad alimentaria grave en 2021. La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya alertó de que en 2020, el hambre y la desnutrición había aumentado tanto como en los cinco años anteriores, de modo que casi una de cada tres personas en el mundo, 2,370 millones careció de acceso a alimentos adecuados.

La secretaria general de Cáritas  ha recordado, que todo esto está sucediendo a la vez que el desperdicio de alimentos ha alcanzado los 1.000 millones de toneladas al año, por lo que ha llamado a reflexionar sobre este sistema mundial donde “una parte tira lo que a la otra parte le falta”.

Aumenta la desigualdad

“La cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción de la COVID-19″, ha clamado Peiro, quien, a la luz del informe, ha afirmado que “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.

La desigualdad también ha experimentado un incremento sin precedentes, agrandando las desventajas en la que ya se encontraban colectivos como los pueblos indígenas y las minorías étnicas. Lo mismo ocurre, y de forma transversal, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren, entre los jóvenes y los niños, las mujeres y los trabajadores del sector informal.

Las medidas para evitar la transmisión del COVID-19 ha supuesto la bajada de las persianas de muchísimos negocios, pero también afectó negativamente a 1.600 millones de personas empleadas en el sector informal, con sobrerrepresentación de mujeres”, ha advertido Peiro, que citando datos de la OIT ha señalado que en el 2020 el 62% de las personas trabajadoras del mundo obtenían su sustento de la economía informal.

Así, no es descabellado adelantar que la pandemia va a ser más graves para todos estos países, va a aumentar la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las que han estado más afectadas por la pérdida de empleo, en el mundo y en España.

La débil integración social de España

La crisis actual supone, en palabras de la representante de Cáritas, “un punto de inflexión para las condiciones de vida e integración de muchas familias y personas” de nuestro país. En 2021, ya son 11 millones las personas que se encuentran en el espacio de la exclusión social en España. Dos millones y medio de personas nuevas respecto al año 2018.

Sin embargo, uno de los aspectos diferenciales, además de la llegada de nuevas personas al espacio de la exclusión social, ha sido la profundización de la brecha de la desigualdad. Por primera vez desde el año 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, casi dos millones de personas más que en 20187. Los graves efectos de la pandemia para las personas vulnerables se han reflejado en el incremento del trabajo y apoyo que ha tenido que realizar Cáritas, que ha acompañado a (1,5 millones de personas en 2020, 360.000 más que en el 2019.

Brechas múltiples

La pandemia ha destapado la desconexión digital, el nuevo analfabetismo del siglo XXI, como una brecha que se está abriendo en nuestra sociedad: 1,8 millones de hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas que viven solas. Más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a la falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

Lo mismo cabe decir de la brecha de género. Los sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería han resultado los más perjudicados en esta pandemia, lo que se ha traducido en un retroceso mayor para muchas mujeres. En hogares encabezados por mujeres la tendencia dominante ha sido pasar de la “integración precaria” a la “exclusión”, mientras que en los encabezados por hombres, han pasado de la “integración plena” a la “precaria” La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).

Ser joven igualmente se ha revelado como un factor de exclusión. En España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional. En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500.000 personas jóvenes más con respecto a 2018, lo que eleva hasta 1,4 millones los jóvenes en situación de exclusión severa.

Si la edad como causa de exclusión es una novedad, no lo es, en cambio, la nacionalidad de origen de las personas. El 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, casi tres veces más que en los hogares españoles. No obstante, resulta todavía más determinante la incidencia de la etnia en la intensificación de la exclusión social, en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

Las diferentes estructuras demográficas, el modelo productivo y la trayectoria de protección social explican la brecha territorial que recorre nuestro país. De las 10 de las 17 Comunidades Autónomas analizadas, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este, junto con Canarias. La exclusión del empleo ha tenido más incidencia en Murcia, Andalucía o Canarias; la exclusión del consumo es más propia de comunidades como Madrid o Cataluña, mientras que la exclusión del derecho a la vivienda se da sobre todo en Canarias o Cataluña.

Revertir la gran desvinculación

Pese a la frialdad de las cifras, es un hecho más que preocupante si tenemos en cuenta que “que quien se ha quedado fuera de la integración, tiene casi imposible volver a entrar”, ha denunciado Peiro, quien además señala que el espacio de la exclusión hoy por hoy resulta casi inmune a las políticas y medidas sociales que se han adoptado hasta ahora.

“Llevamos décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de pobreza y exclusión social”

Después de todo, más allá de la pandemia actual, lo cierto es que según advierten los análisis, la estructura social y económica de nuestro país lleva, desde hace décadas, “generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de pobreza y exclusión social, realidad cotidiana para millones de personas y familias”. Como se ha podido comprobar, “cada crisis aumenta la desigualdad, en cada una de ella vemos la entrada a esta situación de muchas personas y familias”.

Los desafíos para la cohesión y vinculación social son enormes, más aún, cuando como hemos podido comprobar con la pandemia, “el todo no puede sanar si una parte está enferma”. Por ello, la portavoz de Cáritas ha hecho un llamamiento a evitar que “esta nueva crisis ahonde aún más la situación” y ha apelado “a la necesidad de ampliar y avanzar la respuesta proporcionada por las administraciones públicas, para que protejan realmente a la ciudadanía y a las familias más desprotegidas”

Retos y propuestas

Entre las propuestas para mejora el sistema de protección social y garantizar que nadie quede atrás, Cáritas propone adoptar medidas para reducir la “hiperflexibilidad” laboral, actuando sobre “la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios –los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros–, y que acaben con las situaciones de irregularidad”; y complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, como prestaciones directas a los trabajadores o como deducciones fiscales reembolsables, además de mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital.

Igualmente defiende poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial; superar la brecha educativa provocada por el apagón digital; y garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.

Finalmente, pide la permanencia en el futuro de las medidas provisionales adoptadas durante la pandemia referidas a la salud, la vivienda y prestaciones sociales con las adaptación necesaria a los periodos de estabilidad económica y reforzar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos, así como avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras