En busca de la transición justa

En busca de la transición justa
El necesario cambio a una economía sostenible y descarbonizada, a pesar de las oportunidades que acarrea, también supone impactos negativos, sobre todo, en territorios concretos. Los Convenios de Transición Justa se han creado para paliar las desventajas.

La transición justa se ha convertido en un concepto recurrente entre Gobiernos, empresarios, sindicatos y activistas. Este término comenzó a tomar forma en la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013). En una reunión de expertos en 2015 acabaron aprobándose las «Directrices de política para una transición justa». La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Pacto Verde de la Unión Europea incorporaron a sus declaraciones y compromisos esta expresión.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó a principios de 2019 la Estrategia de Transición Justa, que recoge un Plan de Acción Urgente para Comarcas del Carbón y Centrales en cierre 2019-2021 cuyo punto de partida es el Acuerdo Marco para las comarcas mineras de octubre de 2018, firmado por las Federaciones de Industria de CCOO, UGT y Empresarios, que pretende agilizar algunos de los mecanismos diseñados ante el inminente cierre de instalaciones. Para ello se han habilitado 130 millones de euros para el periodo 2019-2021.

También se trata de agilizar las subvenciones previstas del anterior programa marco del carbón de 2013-2018, la transformación de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) o de implementar las medidas urgentes para el empleo y la protección social de trabajadores de minería con medidas de formación e inserción, creación de una bolsa de trabajo para trabajadores excedentes, el plan de restauración de minas y el plan de apoyo de energías renovables y eficiencia energética.

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Ya se han firmado 15 Convenios de Transición Justa que abarcan 184 municipios, de siete comunidades autónomas. Uno en Aragón, que afecta 34 municipios de Teruel, tres en Asturias, que afectan a 27 municipios de las zonas Suroccidente, Valle del Nalón, y Caudal-Aboño. Tres en Andalucía: Carboneras, Los Barrios y Puente Nuevo-Valle del Guadiato, que incluye a 16 municipios.

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