Por una ley española de diligencia debida que vele por la justicia con las personas y el entorno

Por una ley española de diligencia debida que vele por la justicia con las personas y el entorno
Cerca de 530 organizaciones sindicales, ambientalistas y de derechos humanos, que agrupan a tres millones de personas en España, han lanzado una campaña para reclamar al gobierno una ley de diligencia debida en derechos humanos y medioambientales, que sea “útil y aplicable lo antes posible”

Ha llegado el momento de elaborar una ley, como la que ya está en vigor en Francia o entrará próximamente en Alemania, para evitar las violaciones a los Derechos Humanos, el expolio al medio ambiente y el daño a las comunidades de los territorios donde operan las compañías españolas y llegado el caso de que se produzcan, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y su derecho a ver reparado el perjuicio causado.

Para ello, distintas entidades, entre las que se encuentra las coordinadoras de Comercio Justo y de ONGD, Enlázate por la Justicia, Oxfam Intermón o Unión Sindical Obrera, por citar algunas, han creado la Plataforma por las Empresas Responsables que cumplan al máximo con las normas fundamentales del trabajo, el respeto a los Derechos Humanos, la conservación del medio ambiente y tengan en cuenta el interés de las comunidades en las que despliegan sus actividades.

Campaña por una Ley Made in Spain

Aunque en nuestro país también se han ido dando algunos pasos hacia la responsabilidad social corporativa, fundamentalmente en ciertas empresas que cuentan con sus propios planes de observancia y rendición de cuentas, los hechos, como el asesinato solo el año pasado de unas 300 personas defensoras del medioambiente, la mayoría en América Latina, demuestran los límites de la voluntariedd.

“No podemos esperar más, las víctimas de las violaciones y sus comunidades no pueden esperar más”, ha afirmado Almudena Moreno, de la Alianza por la Solidaridad-Action Aid, durante la presentación de la campaña por una Ley Made in Spain” con la que quieren recabar el máximo apoyo de la ciudadanía, a la que ha invitado a sumar su firma a través de internet.

“La sociedad civil es el verdadero motor de cambio”, ha reconocido Moreno, quien ha hecho un llamamiento a exigir que las empresas, sin limitación por su tamaño, se comprometan a identificar, prevenir, mitigar y reparar el daño en toda su cadena de producción y comercialización, puesto que “la responsabilidad no se puede subcontratar”.

Aunque el plan normativo del Gobierno incluye la elaboración de una ley de diligencia debida, e incluso se ha llevado a cabo el periodo de consultas preceptivo, la plataforma reclama al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que, junto con los ministerios de Trabajo y Consumo, eleve al Consejo de Ministros un anteproyecto lo más consensuado posible, para que la ley pueda ser aprobada antes de que finalice el año.

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La ley alemana fue elaborada por el Ministerio de Derechos Humanos, con la colaboración del de Trabajo y de Desarrollo, además de apoyada por unas 220.000 firmas ciudadanas, e incluso por grandes empresas que han entendido que el incumplimiento de la responsabilidad corporativa no debe ser una desventaja competitiva y que su actividad no puede ser sostenible si continúa el expolio al entorno.

Para que una norma de este tipo cumpla con su propósito, conviene, según ha compartido la abogada Franciska Humba, de Oxfam Alemania, no debe limitarse su aplicación solo a las grandes empresas, debe llegar a toda la cadena de suministros e incluso a las decisiones de compra, han de definirse las responsabilidades y permitir la reclamación por daños y perjuicios, además de completar fuertes sanciones en caso de incumplimientos.

Gracias a la entrada en vigor de la ley francesa, la comunidad de Unión Hidalgo, en el estado mexicano de Oaxaca, ha demandado civilmente a la empresa EDP, que proyectaba la construcción de entre cinco y siete grandes aerogeneradores en su territorio, por no haber seguido el procedimiento para lograr el “consentimiento libre, previo e informado” y no haber hecho lo suficiente para “prevenir los riesgos a los que se enfrentan los defensores del medioambiente”, según ha explicado Eduardo Villareal, de Prodesc México.

 

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