El anteproyecto de Ley de Familias recibe críticas sindicales

CCOO y UGT reclaman al Gobierno que cumpla con el mandato europeo en la Ley de Familias y remunere todos los permisos

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Familias. El texto se articula en torno a cuatro pilares principales: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; avanzar en la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país, y el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Ampliación protección social

Según la referencia del Consejo de Ministros, la ampliación de protección social se concreta en la extensión de la renta crianza de 100 euros al mes para un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años. Dicha ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. A partir de ahora también recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal.

La propuesta de ley plantea que más familias contarán con protección social bajo la denominación de “Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza“. En esta categoría, se verán recogidas las consideradas como hasta ahora “familias numerosas”, además de las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.

Por otro lado, serán consideradas familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).

Tres nuevos permisos de cuidados

Para garantizar el derecho a la conciliación, el anteproyecto recoge crear tres permisos de cuidados:

• un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta 2º grado o conviviente, que los trabajadores o trabajadoras podrán utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo;
• un permiso parental de ocho semanas, que podrán disfrutarse de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años;
• un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año y que se podrá disfrutar por horas.

Además, se extenderá el subsidio por nacimiento y cuidado no contributivo a adoptantes y familias de acogida, se ampliará la pensión de orfandad un año, hasta los 26 y el permiso por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave hasta los 26 años en caso de discapacidad.

Sobre el reconocimiento de los distintos tipos de familias, la ley avanza en la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, puesto que estas últimas tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.

La propuesta de ley ley recoge un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, familias múltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras. Las familias múltiples, es decir, aquellas que tienen varios hijos o hijas a la vez, serán consideradas como colectivo de especial protección y los hijos e hijas de parejas no casadas podrán ser inscritos en el registro por el progenitor no gestante.

En cuanto a los derechos de los menores, se asegurará el respeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativo y en el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para el que se agilizan los trámites y que beneficiará también a los hijos e hijas de parejas de hecho, mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia.

Anteproyecto de ley sin diálogo social

Los sindicatos CCOO y UGT han reaccionado al anteproyecto criticando a la titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 por no haber dialogado esta propuesta de ley, en concreto los permisos laborales que se plantean, y afean al Gobierno lo hayan conocido “a través de los medios de comunicación”.

En este sentido, ambos sindicatos reclaman que el permiso parental ha de ser remunerado y contar con todas las garantías laborales y recuerdan que la ley de familias responde a la obligación de transponer la Directiva Europea 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, “cuyo plazo para ser integrada en nuestra normativa nacional, finalizó el pasado mes de agosto“.

Permiso parental sin presentación

Las dos organizaciones de trabajadores y trabajadoras reconocen que el anteproyecto “recogería algunos avances positivos“, aunque “no se estaría transponiendo correctamente lo dispuesto en la Directiva. Especialmente en lo que se refiere al permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años y que, al parecer, no conlleva remuneración ni prestación alguna”, según señalan.

UGT y CCOO exigen que “se respete la Directiva que otorga la potestad a los interlocutores sociales de superar la edad de ocho años, señalada como edad mínima de referencia”.

La Directiva insta a los Estados miembros a garantizar este permiso como un derecho individual a disfrutar antes de que la hija o el hijo cumpla los 8 años. Este permiso no puede ser inferior a 4 meses por cada uno de los progenitores y además determina que deberá de tener en cuenta a los interlocutores sociales para su regulación y deberá de ir acompañado de una remuneración o prestación económica.

Los sindicato denuncian que esta regulación “no está garantizando el permiso parental, sino que estamos ante una suspensión del contrato de trabajo sin ningún tipo de derechos. Es decir, no solo carece de acompañamiento económico, sino que, además, no se asegura el mantenimiento de alta y cotización en la Seguridad Social ni ningún tipo de derechos lo que, en la práctica, inhabilita el permiso“, aseveran.

Políticas integrales de cuidados

Además, la directiva incluye las definiciones de una serie de permisos como son el de paternidad; el parental; para cuidadores; cuidador; familiar; y trabajo flexible, que en opinión de los sindicatos, “deberían ser trasladadas al Estatuto de los Trabajadores, aprovechando la ocasión para introducir mejoras en relación a las formas de convivencia actuales”.

De ahí que reclamen “un abordaje integral en las políticas de cuidados y conciliación, que nos doten de medidas eficaces para promover la necesaria corresponsabilidad sin ahondar en las brechas preexistentes al cargar los costes de la conciliación sobre la familias y, especialmente, sobre las mujeres, frenando el necesario avance hacia el reparto igualitario de las tareas de cuidados, así como la participación en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones”.

Abraham Canales

Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)