Organizaciones sociales consideran “extremadamente grave” el archivo de la Fiscalía de la tragedia de Melilla

Más de 150 organizaciones sociales firman un manifiesto en el que consideran “extremadamente grave” la decisión de la Fiscalía de archivar las investigaciones por la tragedia en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, donde murieron al menos 37 personas del África subsahariana que intentaban cruzar desde Marruecos a España. Además, otras 77 siguen desaparecidas desde entonces.

En su escrito, el Ministerio Público descarta la participación de España en la muerte y desaparición de decenas de personas, en contra de las evidencias que han sido publicadas desde el momento de los hechos. Esta decisión “pone de manifiesto la necesidad de que se realice una investigación independiente e imparcial”, señalan en su comunicado.

Las imágenes sobre lo ocurrido el 24 de junio en la frontera entre Melilla y Nador, junto con los reportajes periodísticos publicados, los testimonios recogidos, la resolución de Defensoría y el último informe publicado por Amnistía internacional ponen en evidencia unos hechos que no pueden quedar impunes y la necesidad de que se determine la responsabilidad tanto de España como de Marruecos.

Amnistía Internacional, acusa a España y Marruecos de “crímenes de derecho internacional”. Basándose en testimonios de testigos presenciales, imágenes de vídeo y de satélite, el informe, titulado Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto. Las muertes estarían relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, así como del uso indebido de material antidisturbios, concretamente pelotas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro.

También es de gravedad que, en su resolución, la Fiscalía avala las devoluciones en caliente de 470 personas; devoluciones que han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso a un procedimiento con garantías y al derecho de asilo, vulnerando el derecho internacional y nacional. En este sentido, es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición.

Seis meses después de la tragedia, “estamos siendo testigos de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas; en la falta de asunción de responsabilidades y en la negación de los hechos”, denuncian.

Redacción

Redacción de Noticias Obreras.