La diferencia de las tarifas del agua por localidades se multiplica por cinco

La diferencia de las tarifas del agua por localidades se multiplica por cinco
La factura del agua sale un 434,8% más cara en Valencia que en León, las dos ciudades con las tarifas más alta y más baja, respectivamente. FACUA-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia en este servicio, tarifas progresivas que tengan en cuanta el ciclo integral del agua.

El estudio presentado por esta asociación de consumidores y consumidoras este martes, analiza los precios de todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas (Santiago de Compostela y Mérida), además de las dos ciudades autónomas y las ciudades (Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo) que tienen una mayor población que sus respectivas capitales de provincia.

Valencia es la ciudad peninsular con las tarifas más caras para los dos perfiles de consumo analizados (9 y 13 metros cúbicos mensuales) y los dos calibres de contador (13 y 15 mm). Murcia ocupa la segunda posición. En la ciudad valenciana, el agua, con un contador de 13 milímetros, se paga a 29,01 euros para un consumo de 9 metros cúbicos y 36,51 en el caso de gastar 13.

La tarifa más barata se encuentra en León (modelo de gestión mixto), con un precio de 6,24 euros para un consumo de agua de 9 m3 cúbicos al mes, independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 13 metros cúbicos, independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 8,77 euros. Para un consumo de 9 m3, sin importar el calibre del contador, le siguen Palencia (empresa privada), 7,14 euros, Soria (gestión mixta), 7,73 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 7,93 euros y Ourense (gestión privada), 8,23 euros. Si el consumo es de 13 metros cúbicos, Palencia sigue siendo la segunda ciudad más barata, sin importar calibre del contador (9,05 euros), y también repite Soria en tercera posición: 11,16 euros en ambos casos.

Una de las principales conclusiones es que tan solo nueve ciudades distinguen en sus tarifas el calibre del contador en estas dos modalidades, las dos más habituales en los hogares españoles: Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife.

La asociación de consumidores y consumidoras cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo, tal y como detallan los fabricantes de contadores y la documentación de algunos operadores como Canal de Isabel I en la Comunidad de Madrid.

Sistema progresivo de tarificación

FACUA reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.

Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

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Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios.

En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación que garantice el acceso al suministro a toda la población, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Bonificaciones

Casi todas las ciudades que forman parte del estudio ofrecen algún tipo de bonificación o rebaja en la tarifa de acuerdo a algunas condiciones especiales: fundamentalmente, familias numerosas u hogares con más de un número determinado de convivientes (más de cuatro, como en Jerez de la Frontera, o más de seis, en Zaragoza). Un total de 38 ciudades ofrecen este tipo de tarifa o bonificación.

Asimismo, algunos municipios (alrededor de 18) ofrecen bonificaciones a hogares con pocos ingresos o desempleados, algunos directamente y otros a través de algún tipo de fondo social o colaboración con los servicios sociales locales. También hay descuentos para pensionistas o jubilados.

FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. Sin embargo, en ocasiones el saneamiento depende de las comunidades autónomas, de manera parcial o total, por lo que intervienen en las tarifas a través de diferentes cánones o impuestos.

FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

La asociación considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda de forma unitaria e integral en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración).

La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

 

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