Pilar Navarro: «El ingreso mínimo es una solución coyuntural, la aspiración es conseguir un trabajo digno»
Cuando todavía nos golpeaba la primera ola de la pandemia, a finales de mayo de 2020, vio la luz el Real Decreto que establecía el ingreso mínimo vital (IMV) con la pretensión de «garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, permitiendo que todas las personas y familias puedan atender las necesidades básicas de sus hogares».
Desde entonces, se han producido, por parte de distintas sensibilidades sociales, posturas en favor y en contra de esta ley.
Entre los aspectos positivos destaca el representar un instrumento potente contra la pobreza y la exclusión social. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en septiembre de este año había beneficiado a 509.574 hogares (el 64% de ellos con al menos un menor) y a un total de 1.406.850 personas, de las cuales dos de cada tres son mujeres. Hay que añadir que son muchas las entidades y los agentes sociales que aseguran que su potencial puede ser aún mucho mayor.
Entre las críticas se señalan que no está llegando a un buen porcentaje de posibles beneficiarios, bien por la débil publicidad institucional, bien por la complejidad del procedimiento de solicitud o porque no llega a cubrir a un alto porcentaje de la pobreza realmente existente en nuestro país.
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Militante de la HOAC de Córdoba y miembro de AVAELA
