Entidades católicas piden al Parlamento Europeo que mejore la Directiva de diligencia debida

Entidades católicas piden al Parlamento Europeo que mejore la Directiva de diligencia debida
Las organizaciones católicas piden al Parlamento Europeo una directiva de diligencia debida de sostenibilidad corporativa que marque “un verdadero punto de inflexión en la forma en que la UE aborda las amenazas que las actividades corporativas representan para nuestra familia humana y hogar común”.

La declaración hace un llamamiento a los eurodiputados para que “mejoren sustancialmente”, durante el debate, la propuesta legislativa que la Comisión debe someter a votación en el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo.

Las organizaciones católicas firmantes (Cáritas Europa, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Don Bosco Internacional, la Alianza Europea Laudato si’, el Centro Social Europeo de los Jesuitas, Justicia y Paz Europa, el Movimiento Laudato si’ y Pax Christi Internacional) consideran que la directiva propuesta todavía está marcada por deficiencias significativas que impiden soluciones efectivas al creciente problema de la injusticia corporativa.

“Nuestros hermanos y hermanas en Europa y en el Sur Global no podrán prosperar plenamente en nuestro hermoso planeta si sus medios de vida y sus derechos se ven amenazados por actividades corporativas no reguladas”, ha afirmado el cardenal Jean-Claude Hollerich SJ, presidente de la COMECE.

Una vez adoptada, la directiva impondría a las empresas con sede y que operan en la UE la obligación de prevenir los posibles riesgos que sus actividades supongan para los derechos humanos y el medio ambiente, tanto en Europa como en el extranjero, además de responder de los impactos negativos de sus actividades y reparar el daño causado.

“Los legisladores de la UE deberían estar a la altura de las circunstancias y ampliar la responsabilidad a las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales cubiertos por la ley propuesta”, ha planteado el cardenal, refiriéndose al alcance limitado de los derechos cubiertos en la propuesta de la Comisión de la UE.

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“Las comunidades del Sur Global han estado pidiendo responsabilidad corporativa en respuesta a la destrucción de su medio ambiente, la degradación de los ecosistemas locales y la violación de sus derechos por parte de las empresas multinacionales. Sin embargo, la propuesta de la Comisión hace poco para ofrecer vías creíbles a la justicia para los afectados”. La no inversión de la carga de la prueba, por ejemplo, hace inaccesible para los afectados el actual régimen de responsabilidad civil, dijo Josianne Gauthier, secretaria general de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad.

La propuesta de la Comisión Europea también otorga un espacio limitado para la consulta con las partes interesadas afectadas cuando las empresas cumplen con sus obligaciones de diligencia debida. “Los afectados por el abuso empresarial son los que mejor saben cuáles son los impactos y riesgos reales de las actividades económicas; por lo tanto, su voz debe estar al frente y al centro de la próxima legislación”, agregó Maria Nyman, secretaria general de Caritas Europa.

 

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