Trabajadores cristianos defienden una directiva europea ambiciosa sobre diligencia debida

Trabajadores cristianos defienden una directiva europea ambiciosa sobre diligencia debida
Para la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la regulación de las actividades empresariales ha de servir para combatir fenómenos como el trabajo forzoso, el empleo infantil y la degradación de los ecosistemas.

“Millones de personas trabajan en condiciones inhumanas en el planeta, los incumplimientos de los derechos laborales fundamentales, los salarios por debajo del nivel de subsistencia y los atentados a la salud de las personas trabajadoras están a la orden del día, mientras que el medio ambiente está sufriendo un impacto devastador con trágicas consecuencias para el entorno natural  y las propias comunidades que viven de ellas”, ha apuntado la presidente de la HOAC, Maru Megina.

Las malas e indecentes condiciones de trabajo van en aumento en el mundo, con especial incidencia en China, según el Centro Europeo de Derechos Humanos. En todo el mundo, hay 25 millones de personas víctimas del trabajo forzado y unos 80 millones de niños y niñas están siendo utilizados como mano de obra, tal y como reflejan varias investigaciones.

Megina se ha dirigido por carta a cada uno de los 59 europarlamentarios españoles para que voten a favor de la directiva de diligencia debida que exige a las empresas que cumplan los derechos humanos y se responsabilicen de las consecuencias de sus acciones.

La comunicación con la representación española en el Parlamento europeo forma parte de la campaña impulsada por el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE), al que pertenece la HOAC.

#XLaJusticiaSocialDebida

Precisamente, con motivo de la celebración del Día de Europa, el 9 de mayo, este movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos ha lanzado una campaña en red con la etiqueta #XLaJusticiaSocialDebida para apoyar la aprobación de la directiva europea sobre responsabilidad empresarial y ha publicado un comunicado en el que llama a personas, colectivos e instituciones a unirse por una economía más humana, justa y sostenible.

La Comisión de la UE presentó en febrero de 2022 el proyecto de directiva que muy probablemente se debatirá en el parlamento y posteriormente se remitirá al Consejo para su aprobación definitiva.

La propuesta de directiva incluye la exigencia a las empresas de la UE que auditen a sus proveedores a lo largo de toda la cadena de suministro global con objeto de prevenir y, en su caso, mitigar, los efectos adversos que sus actividades puedan causar, por ejemplo, en el uso de trabajo infantil, la explotación de los trabajadores y el deterioro del medio ambiente.

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El anteproyecto de “Directiva sobre Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad” ha de contribuir a “fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro”, por lo que afectará a los distintos “eslabones” en los que se divide la actividad empresarial, desde la captación de las materias primas hasta la venta del producto final, pasando por proveedores, fabricación y distribución.

La legislación se aplicará a unas 9.400 empresas europeas y de otros países que operan en la UE que cuentan con 500 empleados o más y con un volumen de negocios neto de al menos 150 millones de euros.

En el caso de organizaciones que operan en el sector textil y del cuero, la agricultura y la silvicultura, la pesca y la minería, consideradas de alto riesgo para los derechos humanos y el medio ambiente, la directiva afectará a aquellas con al menos 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones de euros, además de conceder un periodo transitorio de dos años. Las pequeñas y medianas empresas que actúen como proveedoras de otras más grandes se verán también incluidas en esta regulación.

Las empresas europeas pasarán a considerarse sujetos jurídicos responsables de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, recogidos también en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Derechos humanos y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Algunos Estados miembros, como Francia y Alemania, ya han aprobado leyes nacionales sobre diligencia debida a las empresas. En España, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda  2030 ha iniciado los trámites para la elaboración del futuro “Anteproyecto de Ley de protección de los  derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales  transnacionales”.

La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos forma parte de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos. Desde que en 2011 se aprobaran, han tenido lugar avances muy significativos en la introducción de procesos internos.

 

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