La protección social de las personas desempleadas
En España hay actualmente alrededor de tres millones de personas desempleadas. Es un grave problema estructural que muestra la incapacidad de nuestro sistema económico de ofrecer oportunidades de empleo a todas las personas que quieren trabajar.
Conviene no olvidarlo: es un injusto sistema económico, que por eso necesita profundos cambios, el que genera el problema, igual que el de la mala calidad de muchos empleos. Pero el Estado, a través de los Gobiernos, tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para corregir esa situación en su deber de proteger al conjunto de la sociedad.
Por más que haya quienes se nieguen a reconocerlo, en los últimos años se han producido algunos avances importantes: ha mejorado el empleo y también, en alguna medida, su calidad; también ha habido algunos avances en la protección social, incluida la protección de las personas desempleadas (por ejemplo, al eliminar las reducciones que introdujo el Gobierno del PP en las prestaciones a partir del sexto mes, o con la protección por desempleo a las empleadas de hogar). Pero en todo ello queda un largo camino por recorrer. Igual que es estructural el desempleo y su precarización, lo es el déficit en una protección social efectiva de todas las personas y familias.
En este contexto hay un aspecto, el de la protección de las personas desempleadas, que está ahora sobre la mesa del Gobierno. Más en concreto, el de la protección social de las personas desempleadas que han agotado la prestación contributiva por desempleo o no han cotizado lo suficiente para tener esa prestación. Son las personas que pueden acceder a los subsidios asistenciales por desempleo, personas trabajadoras que en muchas ocasiones están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza. De ahí la enorme importancia de la reforma que se va a plantear (que es un compromiso del Gobierno de España con la Unión Europea en el Plan de Recuperación). Se trata de mejorar y ampliar estos subsidios y de facilitar el acceso a ellos.
Según un estudio del sindicato Comisiones Obreras hecho público recientemente, aunque las cifras han mejorado siguen mostrando un grave problema que es imprescindible abordar con ambición y medidas efectivas: a finales de 2022, el 35% del total de personas desempleadas no recibían ninguna prestación (en el caso de las desempleadas de larga duración eran casi el 60%) y de las que reciben esa prestación, el 44% perciben una prestación contributiva y el 56% un subsidio asistencial. No cabe duda de que cambiar esta situación es urgente e imprescindible para el bien común.
El derecho de toda persona a un trabajo en condiciones dignas se traduce en la responsabilidad social de hacerlo efectivo, responsabilidad también de las empresas y de todos los agentes económicos, así como de los poderes públicos. Pero cuando las personas se ven privadas de ese derecho –eso es el desempleo– es también deber de la sociedad y, en ella, de los poderes públicos, que tengan la debida protección social.
Es un deber de justicia. La Doctrina Social de la Iglesia insiste en ello: como subrayó Juan Pablo II, la protección social de los desempleados es una obligación que brota del destino universal de los bienes, del derecho de las personas y familias a la vida y a la subsistencia (cf. Laborem exercens, 18). Porque, como señaló Benedicto XVI, lo primero que siempre se ha de salvaguardar es la persona y sus derechos (cf. Caritas in veritate, 25). Lo que pide, como subraya Francisco, situarnos en la lógica de la primacía de los derechos que brotan del solo hecho de ser persona (cf. Fratelli tutti, 127). De lo contrario, siempre recaemos en lo mismo: no dedicar los recursos suficientes a hacer efectivos los derechos de las personas y no es que no podamos tener esos recursos, sino que la distribución de la riqueza social es profundamente injusta, por lo que, también para la protección social de las personas desempleadas, es imprescindible una fiscalidad mucho más justa para disponer de los recursos socialmente necesarios. •
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Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
