Migrantes y jóvenes trabajadores piden paso en la Coalición Mundial por la Justicia Social

Migrantes y jóvenes trabajadores piden paso en la Coalición Mundial por la Justicia Social
Christine Nathan, presidenta de la Comisión Internacional Católica para las Migraciones
Las personas migrantes y jóvenes trabajadoras forman parte de los colectivos sobre los que, una y otra vez, siempre las cargas más pesadas de todas las crisis y todos los conflictos, han recordado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra estos días la representación de la Comisión Internacional Católica para las Migraciones y la Juventud Obrera Cristiana Internacional.

La presidenta de la Comisión Internacional Católica para las Migraciones (ICMC, por sus siglas en inglés), Christine Nathan, ha comenzado su intervención, en este parlamento del trabajo organizado por la OIT, el momento crucial de la historia económica y social en el que se encuentra el mundo del trabajo, enfrentado a “desafíos profundos y de gran alcance, incluido el impacto a largo plazo de la pandemia, crisis económicas, y tanto más recientes como en curso, pero a menudo ignorados y olvidados, conflictos, guerras, persecuciones, desigualdades e injusticias, en todas las regiones del mundo”.

Al tiempo, ha declarado que no hay duda de que “las cargas más pesadas las soportan aquellos que son más vulnerables, incluidos los trabajadores migrantes forzados, refugiados e informales”. Eso sí, ha añadido, sectores de la población mundial con “fortalezas” y “resiliencia” capaces de “contribuciones tan necesarias a las sociedades en las que son acogidas, protegidas, promovidas e integradas”.

Su organización, ha recordado, cuenta con una larga experiencia en la atención y acompañamiento de migrantes y refugiados en todo el mundo, tanto a través de la red de Conferencias Episcopales Católicas, así como en colaboración con otros socios de inspiración católica. También ha aprovechado Nathan la colaboración del ICMC con la OIT, en estrecha cooperación con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, citando en particular, la iniciativa El futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato si’.

De su experiencia acumulada y otras más recientes, como el apoyo a los servicios locales de la Iglesia católica en Ucrania, permiten a la ICMC denunciar que “el modelo económico consumista y el objetivo de obtener ganancias maximizadas se persiguen a expensas directas de los trabajadores y constituyen una afrenta a su dignidad y derechos humanos”, por lo que, plantea, que “los esfuerzos comunes, guiados por valores comunes, deben constituir la fuerza motriz hacia el desarrollo sostenible”.

Así, la representante de ICMC se ha felicitado por el lanzamiento de la Coalición Global por la Justicia Social y ha adelantado su apoyo y partición en este esfuerzo que, según su punto de vista, debe atender también a las migraciones, como un fenómeno universal que existe desde tiempos inmemoriales y es inseparable del tema laboral”, por lo que las relaciones laborales y los movimientos migratorios deben ser “abordados desde una perspectiva y acciones enraizadas en la justicia social”.

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La justicia social para los jóvenes es “precaria”

Por su parte, Isabel Cristina Molina, en nombre de la Juventud Obrera Cristiana Internacional (JOCI), se ha preguntado ante el auditorio “si es posible que los jóvenes sobrevivan y alcancen sus sueños y aspiraciones”, ante “las grandes brechas económicas y sociales que existen en el mundo”.

Molina ha destacado que “millones de jóvenes trabajadores del mundo seguimos siendo uno de los grupos más vulnerables en los diferentes espacios donde vivimos y trabajamos”. Así ha detallado que “día tras día, experimentamos la falta de oportunidades para cumplir nuestras metas y sueños. Tenemos que dejar atrás prioridades como estudiar, formarnos o tener un empleo con acceso a la protección social”.

“Los derechos de los trabajadores son aplastados en medio del desempleo masivo, la informalidad del trabajo y el nivel de pobreza de los ingresos; los campesinos son desposeídos de sus tierras y millones viven en suburbios sin apenas acceso a lo necesario para una vida digna”, ha advertido.

En concreto, se ha referido a los contratos de cero horas, las plataformas que aprovechan los resquicios del mercado laboral, la mala calidad de la educación, la falta de acceso a la sanidad y la discriminación en el acceso al mercado laboral como elementos que “hacen que la justicia social para los jóvenes sea especialmente precaria”.

La delegada de la JOCI ha planteado la necesidad de un trabajo y unos ingresos dignos, junto con la protección social universal, el freno a la comercialización de los bienes y servicios comunes, con el impulso de la economía social y solidaria, la plena participación de la sociedad civil, los trabajadores y la voz de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y la adoptación de los principios de igualdad, justicia, solidaridad y democracia participativa como guía para empoderar a las persona y transformar las sociedades de forma equilibrada y sostenible.

 

 

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