Los retos sociolaborales de la legislatura recién estrenada
En su discurso de investidura para ser reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó, entre justificaciones y contrarréplicas, importantes anuncios en materia económica, social y laboral que pueden marcar la legislatura recién iniciada.
De hecho, él mismo proclamó desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en el discurso inicial de investidura, que esta será “la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores”, en la que se garantizará, por ley, que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance cada año el 60% del sueldo medio.
Sánchez anticipó que el Gobierno impulsará la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, “incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible”.
También se comprometió el pasado 15 de noviembre en sede parlamentaria a seguir revalorizando las pensiones en función de la evolución la inflación y a continuar creando empleo de calidad, con el objetivo de lograr el pleno empleo –o converger con la tasa existente en la Unión Europea– y en consecuencia rebajar la tasa actual de desempleo.
Sánchez afirmó que, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y tal y como recoge la reforma de pensiones, se destinarán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 5.000 millones de euros cada año “para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas cuando se retiren en la edad de jubilación”.
Estas medias habían sido previamente acordadas con Sumar, como se puede leer en el pacto de investidura firmado, el más extenso de los seis que han hecho falta para reeditar el Gobierno de coalición, donde también se habla de “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”, de elaborar un plan de choque contra el desempleo juvenil y de aprobar el estatuto del becario.
Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras han recibido con agrado la intención de elaborar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque advierten que llevará su tiempo y hará falta mucha paciencia, y algunos desacuerdos, por lo que han reclamado la apertura cuanto antes del diálogo social específico, para conseguir, además, la regulación de la economía de plataforma.
No obstante, han alertado de la amenaza para la solidaridad interterritorial que puede suponer la transferencia a las comunidades autónomas de la recaudación y gestión de los impuestos y cotizaciones con que se financian las prestaciones de la Seguridad Social, como las pensiones o los subsidios por desempleo o infraestructuras tan sensibles como la red ferroviaria.
Otros compromisos sociales
En cuanto a las medias del alivio de la inflación, el entonces candidato anunció la prórroga de la rebaja del IVA (supresión del IVA del 4% a todos los alimentos de primera necesidad y rebaja del 10% al 5% en el aceite y la pasta) que expiraba a finales del presente año hasta junio de 2024, seis meses más, aunque no aclaró si iba a mantener la reducción del IVA en la factura de la luz y gas, medida que también expira el 31 de diciembre.
Justificó estos anuncios al ser “consciente” de las dificultades de los ciudadanos para llegar a fin de mes y para afrontar el “alto coste de la vida”, pese a que la economía española es la que “más está creciendo” y registra “una de las inflaciones más bajas de Europa”.
Con miras a “ayudar a descongestionar el tráfico de nuestras ciudades y también a mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático”, Sánchez prometió la gratuidad del transporte público para menores de edad, jóvenes y desempleado, con el respaldo expreso de Sumar, BNG y Coalición Canaria.
Pero también prometió incrementar la cuantía del Bono Alquiler Joven y habilitar hasta 183.000 de viviendas públicas. También estaba incluido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar la concesión de un aval estatal del 20% para la compra de primera vivienda.
Habrá, de conformarse su gobierno, como finalmente sucedió, incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas con criterios medioambientales, al igual que medidas para “ayudar a los inquilinos”, pero también “a los pequeños propietarios”.
En principio, siguiendo su discurso de investidura, el Gobierno va a “continuar reforzando el ingreso mínimo vital, simplificando los requisitos de acceso para que más hogares puedan cobrarlo” y con el objetivo de bajar los niveles de desigualdad y pobreza, lo que igualmente se menciona en los pactos con Sumar y Coalición Canaria.
El propio Sánchez confesó ser consciente de que muy a menudo, la administración es “lenta, excesivamente burocrática y probablemente farragosa”, por lo que se comprometió a “continuar simplificando todos los trámites administrativos” y a “establecer un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria”.
Para lograr el apoyo de ERC, Junts y PNV a la investidura de Sánchez, el PSOE se ha comprometido a acelerar el traspaso de competencias previsto en los Estatutos de Autonomía, además de la condonación de la deuda que las comunidades autónomas han contraído con la Administración General del Estado, sin olvidar la ley de amnistía de los delitos relacionados con el procès.
Sin embargo, no ha hecho falta un acuerdo por escrito con EH Bildu, dada su predisposición inicial a apoyar un gobierno progresista de coalición que impidiera la llegada del PP y Vox al Gobierno central, mientras que CC, formación que había alcanzado un pacto para dar su voto a favor de la frustrada investidura de Nuñez Feijóo, ha firmado con el nuevo Gobierno un acuerdo para impulsar lo que llama la “agenda canaria”, que afecta a la política migratoria, el acompañamiento de menores migrantes no acompañados, pero también a planes contra la pobreza y el desempleo juvenil.
Redactor jefe de Noticias Obreras
