Los sindicatos piden no retrasar más la cotización de las prácticas no remuneradas

Los sindicatos piden no retrasar más la cotización de las prácticas no remuneradas
Diversas autoridades educativas han vuelto a mostrar su oposición a que estudiantes en prácticas no laborales, obligatoria para la obtención de un título académico, puedan cotizar a la Seguridad Social.

Para CCOO, se trata de declaraciones “inaceptables” y de una posición “obstruccionistas” que les aleja de la “excelencia educativa” que dicen defender, por no hablar de la situación de ilegalidad en la que quedarían los centros educativos que no cumplan con la regulación prevista.

Además de pedir una nueva moratoria, algunos responsables educativos han solicitado, incluso, la retirada del reglamento donde se regula las cotizaciones de las personas en prácticas.

Sin embargo, el sindicato ha exigido, una vez más, el cumplimiento íntegro de la reforma de pensiones pactada entre el Gobierno y los agentes sociales en lo relativo a la cotización a la Seguridad Social de las personas en prácticas universitarias, de formación profesional o en la investigación. Es lo que dispone el Real Decreto-ley 2/2023, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2024.

CCOO recuerda que la cotización de jóvenes en prácticas se acordó en la reforma de pensiones de 2011, entonces vinculadas a las prácticas remuneradas, lo que ha permitido que entre 60.000 y 100.000 jóvenes estudiantes hayan cotizado a la Seguridad Social.

La primera fase de la reforma de pensiones de julio de 2021 contempla la cotización en todas las prácticas no laborales, incluidas las no remuneradas, lo que, de no mediar más retrasos, beneficiará a centenares de miles de jóvenes cada año, habida cuenta de que en nuestro país se encuentran matriculados 1,5 millones de universitarios y cerca de 1 millón de estudiantes de formación profesional.

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El sindicato ha recordado que, precisamente ante la insistencia en los costes de los responsables educativos, las organizaciones sindicales aceptaron reducir las cotizaciones del empleador en un 95%, a costa de los presupuestos del Estado.

La organización de trabajadoras y trabajadores ha pedido al Gobierno que apruebe de forma urgente una orden ministerial que regula la posibilidad de recuperar hasta cinco años de cotizaciones a quienes en el pasado han participado en prácticas y proyectos de investigación.

Esta medida beneficiaría a miles de personas que han contribuido con su trabajo al desarrollo científico, tecnológico y cultural del país, y que ahora ven dificultado su acceso a una pensión digna, razona la organización de trabajadores.

 

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