La desigualdad también se agranda en España

La desigualdad también se agranda en España
Foto | www.pastoralsocialmadrid.com
Nuestro país no es ajeno a la creciente desigualdad que se está produciendo en las últimas décadas en el mundo. El 10 % más rico de la población de España poseía más de la mitad de la riqueza en 2022, mientras que el 50% más pobre se tenía que conformar con el 7%

El último informe de Oxfam Intermon también analiza la situación de nuestro país. En él se advierte de que la brecha entre quienes más y menos tienes se ha ensanchado, en concreto se ha duplicado, en los últimos 20 años. A ello, está contribuyendo la posición cada vez más dominante en sus sectores de las principales empresas españolas, participadas por las grandes fortunas del país, que retribuyan enormemente mejor a sus accionistas y directivos que a las personas que emplean.

En el caso del sector eléctrico en España, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, concentran el 86,1% de la cuota de mercado; entre Repsol y CEPSA, suman casi la mitad del mercado de distribución de combustibles fósiles y sólo tres bancos, Santander, BBVA y Caixabank, acaparan el 63% de los activos financieros.

El 1% más rico de la población española participa en la propiedad o en los órganos directivos de las 50 grandes empresas españolas, descaradamente más generosas con sus consejos de administración y sus accionistas. Iberdrola y Banco Santander pagan más de 10 millones a su máximo responsable y, en promedio, el primer ejecutivo de alguna de las 50 empresas principales (el 70% paga un millón a su máximo ejecutivo) gana 91 veces el sueldo promedio de la compañía.

Grandes dividentos, raquítidos sueldos

Las grandes empresas del sector energético pagaron, en 2022, 8.500 millones en dividendos, mientras que los bancos aumentaron un 29% la remuneración a sus accionistas, y un 50% la retribución de sus principales ejecutivos desde 2020. El salario medio en estos dos sectores apenas creció un 4%.

De media, el sueldo de los miembros del consejo de dirección de las grandes corporaciones españolas aumentó un 19% entre 2021 y 2022 y un 45% desde 2020 mientras que el salario medio subió un 8% en 2022 y apenas un 9% desde 2020.

A la vez, mantienen las brechas de género. En 2022 las mujeres que trabajan en las grandes empresas cobraban un sueldo medio un 15% por debajo del de los hombres, una diferencia que se hace más acusada en los niveles superiores, donde la presencia de mujeres baja al 39%, desde el 46% que se registra en las plantillas.

El buen rendimiento económico de estas grandes empresas no se está traduciendo en una significativa creación de empleo. Mientras sus beneficios antes de impuestos aumentaron el 16% en 2022 respecto a 2021, el volumen de sus plantillas apenas creció un 0,1%, y en 2020 directamente se contrajo en un 2%, en un contexto en el que el empleo en España crecía un 3,1% en 2022 y un 6,2% desde 2020.

Solidaridad fiscal decreciente

Tampoco parece que esté aumentado su solidaridad tributaria, dado que en 2022 las empresas españolas más dominantes han creado un 5% de filiales en las llamadas “guaridas fiscales”, donde los impuestos son más bajos. El Banco Santander cuenta ya con 192 filiales en países fiscalmente opacos, mientras que ACS tienen 91 y Ferrovial 71. En el caso de Ferrovial, su presencia en territorios más ventajosos fiscalmente ha aumentado un 31 % desde 2015.

En cuanto a avances en sostenibilidad, solo el 12 % del negocio de las grandes empresas estudiadas contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático mientras que el 53 % no hace nada para reorientar su modelo de negocio en este sentido, a pesar de que, en 2022, las emisiones directas de CO2 de las 50 empresas analizadas equivalían al 40% del total de emisiones de España. Aunque en conjunto sus emisiones apenas se redujeron un 1,5%, un tercio de las 50 las aumentaron. Las empresas de electricidad y gas en un 8,7%. Al ritmo que van, tardarán casi 67 años en alcanzar la neutralidad climática de sus actividades.

Oxfam Intermón ha reclamado reformas fiscales que aseguren que las grandes fortunas y corporaciones tributen de manera justa a las ganancias que obtienen y sin eludir sus impuestos y considera urgente que los Estados prioricen los servicios públicos, defiendan una mayor regulación de las grandes empresas, acaben con los monopolios y el excesivo poder de mercado, y apliquen impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos.

La organización propone, igualmente, medidas que promuevan una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de los beneficios entre los diferentes grupos de interés; medidas que obliguen a cumplir con los derechos humanos y ambientales en toda la cadena de valor y legislaciones orientadas a reducir la desigualdad salarial, tanto entre los sueldos más altos y los más bajos como entre hombres y mujeres.

 

 

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