Frontex aumenta su presupuesto sin garantizar la acogida digna y el respeto a los derechos humanos
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha visto aumentar enormemente su presupuesto mientras crecen las críticas por practicar o amparar vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de personas en tránsito.
Así lo constata un informe del Centro de Estudios por la Paz Delás en colaboración con el Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia que pone de manifiesto el rápido incremento de la financiación de a esta agencia, creada en 2004. En los cuatro años que van de 2019 a 2022, Frontex ha recibido 2.000 millones de euros, el 55,15% del dinero con que se han financiado todas sus operaciones en los últimos 17 años.
La agencia europea ejecuta expulsiones colectivas prohibidas por el Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que solo las autoriza si previamente se ha realizado un examen individual de cada solicitud de asilo. Desde el 1 de junio de 2019, se incorporaron por primera vez medios navales y aéreos de las Fuerzas Armadas españolas, consolidando la militarización de la cuestión migratoria.
La actividad en la frontera sur española está plagada de incidentes polémicos como la tragedia de Tarajal en 2014, de la que acaban de cumplirse 10 años, el hacinamiento de unas 2.600 personas en el muelle de Arguineguín en 2020; las devoluciones en caliente masivas del 17 al 19 de mayo de 2021 en Ceuta; o la más reciente muerte de al menos 37 personas en la frontera de Melilla el 24 de junio de 2022.
En 2020, se documentaron numerosos casos en los que se impedía a personas migrantes viajar a la península, contraviniendo hasta seis sentencias del Tribunal Supremo que dicta que la policía no tiene autoridad para impedir estos viajes si se dispone de la documentación adecuada.
Desde 2019, Frontex, acumula cada vez más funciones en el intento de la Unión Europea por impermeabilizar las froneras, pero sobre todo por agilizar la devolución de personas migrantes. Por el contrario, la Oficina de Derechos Fundamentales recibió una cantidad anual de dinero que representa el 0,31% del presupuesto de Frontex. Esta misma oficina ha manifestado sus dificultades para acceder a la documentación de las operaciones de Frontex, algunas de ellas llevadas a cabo sin la presencia de autoridades de los países implicados, y la imposibilidad de entrevistarse con las personas migrantes y el personal destinado a este tipo de misiones.
Según el informe, “se necesita un cambio radical en el enfoque de la UE hacia la migración, priorizando la protección de los derechos humanos y la acogida digna”. Las organizaciones responsables del estudio consideran urgente “fortalecer la Oficina de Derechos Fundamentales y dotarla de recursos y autonomía para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales”.
Tanto el Centre Delás como Irídia ponen el caso de la acogida de personas que huían de Ucrania como ejemplo, lamentablemente excepcional, de cómo es posible garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos de migrantes y refugiados. En este caso, la Comisión Europea con carácter de urgencia reactivó la “Directiva sobre protección temporal” y procedió a un reparto más equitativo entre los países europeos para la acogida y una “plataforma de solidaridad” coordinada por la Comisión Europea.
Redactor jefe de Noticias Obreras
