La Iglesia española pide al Gobierno “que escuche”, en el marco del diálogo social, a las asociaciones de víctimas de siniestralidad laboral

La Iglesia española pide al Gobierno “que escuche”, en el marco del diálogo social, a las asociaciones de víctimas de siniestralidad laboral
La Iglesia española pide al Gobierno “que tengan en cuenta y escuchen a las asociaciones de víctimas” de la siniestralidad y enfermedades profesionales, en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios. Les pide que “sean ágiles y eficientes en la toma de acuerdos” ante esta “calamidad” del mundo del trabajo “que hay que atajar”

La reunión entre la Conferencia Episcopal Española y representantes de las asociaciones de víctimas de la siniestralidad y las enfermedades laborales mantenida este viernes en el aula papa Francisco de Madrid, ha resultado un ejercicio de acercamiento mutuo y de realismo.

Escuchar a la viuda y al hijo de un trabajador de la limpieza viaria, que murió por la falta de prevención en un golpe de calor en Madrid en 2022, cambia la perspectiva. No solo por lo trágico del desenlace del siniestro sino, además, por lo que deja en casa. El tiempo se para, aunque sabes que la vida sigue. Te bloquea e inmoviliza. Te sumerge en una espiral de dolor que te va alejando de la realidad, del día que sigue, de los tramites y gestiones que te vienen, de lo cotidiano. El tiempo se para.

Por eso es tan importante escuchar a las víctimas, aproximarse a sus realidades, conocer sus inquietudes y sus prioridades sobre las que pivota el trabajo de las asociaciones: la concienciación a la sociedad “para que este tema deje de estar oculto”, apunta Miguel Cruz, presidente de AVAELA al término de la reunión; para promover los cuidados “que nadie presta a las víctimas de la siniestralidad, fundamentalmente atención psicológica y jurídica”. Y un tercer pilar que consiste en una aspiración legitima, ser “interlocutores válidos ante la Administraciones públicas como portavoces del sentir del colectivo”.

Las asociaciones de víctimas han hecho entrega a la Iglesia de una serie de medidas de ámbito político, judicial, sanitario, educativo-formativo y de concienciación. De este último, han pedido “que hagan esa labor de concienciación, que capilaricen esta inquietud y se hagan presente en el sufrimiento de las víctimas”, subraya Cruz.

No en vano, la Iglesia española quiere acompañar “para que sientan que no están solas”, dicen en la nota titulada “No son números, son personas” firmada por el obispo Abilio Martínez y por el director de la pastoral del trabajo, Antonio J. Aranda, y publicada en la página web de la Conferencia Episcopal.

Una pastoral del trabajo de toda la Iglesia comprometida en profundizar en una realidad del mundo del trabajo indecente, por la falta de cuidado y de protección de la salud que viven muchas personas trabajadoras, “en concreto en la situación en las que quedan las víctimas” porque “estos  ‘sucesos’ no son fruto de la casualidad o de la mala suerte”, destacan para concluir que “son evitables, si se cumple la normativa”.

En la reunión, la Iglesia ha expresado su solidaridad y apoyo sus reivindicaciones, “nos ha permitido abordar la siniestralidad laboral desde la voz y los testimonios de las víctimas y en primera persona”, ha valorado Aranda. “La petición realizada a la Iglesia de hacer visible y concienciar a la comunidad cristiana de este problema, nos invita a poner en mayor esfuerzo en la tareas pastorales, que también nos permita seguir acompañando esta realidad,  promover la defensa de la vida en el trabajo, e implicándonos en la denuncia de esta injusticia”, asume el director de la pastoral del trabajo de la Conferencia Episcopal.

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“Una calamidad que hay que atajar” urgentemente

La realidad de siniestralidad laboral es, “una calamidad que hay que atajar a la mayor urgencia posible y más cuando todos los agentes sociales coinciden en que una mayoría de ellos podrían haberse evitado”, denuncia la Iglesia. La herida que hay que taponar, urgentemente, tiene una enorme profundidad que en el peor de los escenarios supone la muerte de dos personas trabajadoras al día.

La siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales “destrozan miles de proyectos personales y familiares. Desde las dificultades de reincorporarse a la actividad laboral a problemas de desamparo y caer en la exclusión social”, denuncian. Una situación doliente que se prologan, además, cuando esta problemática la atienden los tribunales de justicia, y “acaban resolviéndose en los juzgados y la resolución de los mismos dura unos cinco años de media, llegando a los quince años en algunas provincias españolas”.

A la Iglesia le preocupa la “profunda injusticia estructural”, como dice el magisterio de Juan Pablo II en Laborem exercens, “que consiste en dar a los bienes producidos más valor que a la persona que los hace posibles” de esta forma se produce que una persona trabajadora se convierte en “un instrumento de producción” y, por tanto, el cuidado debido por el hecho de ser persona con dignidad y con el derecho a la prevención y a la salud laboral, se le niega para ser ofrecido al dios del dinero y “obtener un beneficio económico”.

Gobierno, escuche a las víctimas

Finalmente, la Conferencia Episcopal valora la reciente convocatoria de la mesa del diálogo social que ha abordado la hoja de ruta de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido, destaca la petición que hace al Gobierno para que, en el marco de este espacio de diálogo, se “tengan en cuenta y escuchen a las asociaciones de víctimas de accidentes laborales y de sus familiares”. Piden también que esta negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios “sean ágiles y eficientes en la toma de acuerdos, hemos de recordar que cada día, en España, dos trabajadores mueren en el trabajo”, concluyen.

 

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