La propuesta del Gobierno sobre jubilación parcial no convence a los sindicatos
La representación de los trabajadores rechazó las primeras propuestas sobre jubilación parcial y contrato de relevo presentadas el lunes en la mesa de diálogo social por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social del lunes.
El borrador del Gobierno, limitado a esbozar las líneas maestras de la reforma, contiene una reducción a tres años del máximo para adelantar la jubilación respecto a la edad legal, cuando actualmente son cuatro, se limita la reducción de jornada a un máximo del 50% en caso de una anticipación de 36 meses, además de aplicar coeficientes reductores de cuantía, sin que se recalcule la pensión al acceder a la jubilación total.
Estas modificaciones, a las que hay que añadir que las empresas donde se utilice esta fórmula tendrán que cumplir el requisito de contar con un 85% de contratos indefinidos, harían más difícil y menos atractivo acogerse a la jubilación parcial anticipada.
Las organizaciones sindicales plantean recuperar la regulación de 2011 que permitía acceder a la jubilación parcial hasta cuatro años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, con la posibilidad de suscribir un contrato de relevo para dar entrada a un nuevo trabajador. La cotización que dejaba de aportar la persona con jubilación parcial era asumida por el Estado.
En 2013, el Partido Popular aprobó una reducción progresiva del margen de acceso hasta los dos años, que desde entonces sigue vigente en todos los sectores, salvo en el manufacturero, y dentro de él, particularmente en el del automóvil.
“El ministerio nos ha dado una propuesta que está muy lejos de nuestras expectativas”, ha señalado Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. “Creemos que recorta derechos. No solo para la industria manufacturera sino también para otros sectores. Vamos a elaborar un contra documento, pero ya hemos manifestado que es una pérdida de oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y para una salida flexible y pausada del mercado de trabajo”, ha añadido.
“El Gobierno ha traído un planteamiento general que dista mucho de estar en términos de poder alcanzar un acuerdo. Ni recupera la regulación del 2011, ni parte de ella para una adaptación distinta, tiene algunos elementos interesantes y otros que directamente disminuyen los derechos de acceso a esa regulación y genera elementos de penalización que no compartimos”, ha apuntado Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO.
El Ministerio de Seguridad Social apuesta por “un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión” para “favorecer una salida progresiva del mercado de trabajo que permita incrementar el número de ocupados y la prolongación de las carreras profesionales”; “evitar la salida prematura del mercado laboral”, “preservar el equilibrio financiero del sistema”, “reforzar la calidad del empleo de relevista y jubilado parcial”; “corregir el sesgo de género”, y ”extender el régimen de compatibilidad de la pensión con el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación”.
De momento, el acuerdo en este punto que quedó pendiente de cerrar en la última reforma de pensiones está lejos de alcanzarse. El objetivo de esta nueva reforma, para la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz debe ser “garantizar un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema”, según manifestó en su intervención en la comisión del Pacto de Toledo.
Pero esta primera propuesta del Gobierno no ha gustado ni a los sindicatos, por entender que recorta derechos, ni a los empresarios, al desaparecer la financiación pública de las cotizaciones de las personas acogidas a la jubilación parcial.
En cambio, los sindicatos han aceptado la propuesta del Ministerio de recuperar el coeficiente multiplicador del 1,5 para los trabajadores fijos discontinuos, de forma que verán mejorada su jubilación. La reforma del empleo a tiempo parcial, que entró en vigor el pasado de octubre y les equiparó a los trabajadores a tiempo completo de cara al periodo de cómputo para calcular su jubilación, supuso un grave perjuicio de los centenares de miles de fijos discontinuos, puesto que esta reforma eliminó el coeficiente de 1,5 que multiplicaba los periodos cotizados de estos trabajadores para compensar sus periodos de inactividad.
En la reunión, también se planteó el papel de las mutuas en casos de incapacidad temporal y el establecimiento de coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, que experimenten un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales.
Redactor jefe de Noticias Obreras
