Por una legislatura que impulse el comercio justo

Por una legislatura que impulse el comercio justo
Ahora que el Gobierno prepara una Ley de Consumo Sostenible y una Ley Integral para el Impulso de la Economía Social, personas expertas reclaman que España elabore una normativa ambiciosa que supere los mínimos europeos.

En un encuentro de especialistas organizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con el apoyo de Political Watch, las personas expertas consideran fundamental que se aprueben medidas que cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el objetivo 12 relacionado con la “producción y consumo responsables”, máxime en un un mundo donde las formas de consumo tienen un impacto directo en problemáticas como el trabajo infantil y la deforestación. Actualmente unos 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, mientras que la deforestación ha acabado con 43 millones de hectáreas arboladas.

Las preferencias de la ciudadanía española son claras. Según una encuesta el 90% de las personas consultadas se muestra de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y reducir sus emisiones de efecto invernadero.

“En España, 9 de cada 10 personas están de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, y la misma proporción de población exige que se obligue a todas las empresas a reducir sus emisiones de efecto invernadero”, según datos de la encuesta YouGov 2021 y 2023, recordó Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables. “Sin embargo, sólo el 42% de las empresas del IBEX reconoce identificar los riesgos que su actividad tiene sobre los derechos humanos”, añade.

Sin embargo, la Administración española sigue carecen de voluntad incluso para cumplir con sus propios compromisos. A pesar de incluir el impulso del consumo responsable en sus programas electorales, no se ha convertido en práctica diaria en las instituciones ni cumple con las normativas vigentes. La compra pública ética puede ser un paso importante en esta dirección.

“¿Por qué apenas hay productos de comercio justo en las máquinas de vending de los centros públicos o en los comedores de las escuelas y en los hospitales?”, se pregunta David Comet, politólogo especialista en contratación pública e investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Las compras públicas representan el 14% del PIB de los países de la Unión Europea, por lo que su potencial de influencia es enorme para generar un impacto social y medioambiental positivo.

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Diligencia Debida

La reunión de expertos se mostró a favor de trasladar a la legislación española la directiva de Diligencia Debida de la Unión Europea. A pesar de que su cumplimiento se restringe a las grandes empresas, por su peso en el mercado, podría tener efectos positivos en pequeños proveedores y agricultores. Igualmente, instan al Gobierno español a seguir apoyando esta directiva y a liderar iniciativas como la prohibición de la compra de alimentos por debajo del coste de producción.

La acción decidida de la Administración tendría consecuencias trascendentales, como ha demostrado el caso de Francia las ventas del sector de Comercio Justo se han multiplicado significativamente en los últimos años gracias a una ley de economía social y solidaria.

Julie Maisonhaute, representante de Commerce Equitable France, ofreció los datos del país vecino, que ha multiplicado por siete sus ventas en menos de ocho años, pasando a facturar más de 2.000 millones de euros anuales. Protegido por una ley de economía social y solidaria aprobada en 2014, empieza a aplicarse ahora también al comercio local francés.

En España, las ventas aún son menores, aunque han experimentado un crecimiento constante, gracias fundamentalmente a la responsabilidad de la ciudanía y al trabajo de las organizaciones de Comercio Justo. Las ventas de comercio justo superan los 146 millones de euros, una cifra todavía lejos de la francesa pero que no ha dejado de crecer en los últimos años, como recordaba Alberto Abad, presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La alimentación supone el 95% de la facturación total, con el café y el cacao liderando las ventas, según el informe de 2022.

 

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