Los sindicatos piden incluir en el diálogo social la prevención de riesgos de las empleadas de hogar

Los sindicatos piden incluir en el diálogo social la prevención de riesgos de las empleadas de hogar
FOTO | Catherine tiene 35 años y ejerce el trabajo doméstico en Qatar desde hace siete años. Sus hijos se quedaron en su país de origen, Filipinas, y ella les hace videollamadas los días en que no trabaja. Vía OIT
El sindicato CCOO critica el borrador del Ministerio de Trabajo sobre prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar por contener “numerosas incertidumbres”, medidas difusas e incompatibilidades.

Tras la reunión entre representantes de CCOO y UGT y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Día, para conocer el borrador del Real Decreto, los sindicatos advierten de que contiene “numerosas incertidumbres que deben ser debatidas en el ámbito del diálogo social”.

Aunque los sindicatos coinciden en la necesidad de regular la vigilancia y atención de la salud de las trabajadoras domésticas, reclaman mayor concreción sobre las visitas de control a los domicilios, inviolables por ley. CCOO propone también que en el caso de que las personas usuarias, con dificultades para realizar ellas mismas la debida evaluación de riesgos, se puedan encargar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, contando con recursos públicos, e ideándose las fórmulas adecuadas.

Este sindicato reclama igualmente poner en marcha mecanismos para resolver las posibles denuncias, herramientas para prevenir la violencia y el acoso en el empleo doméstico, así como un fuerte impulso para conseguir el cumplimiento efectivo de la legislación, más allá de la voluntad de las personas empleadoras.

El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, Mariano Sanz, ha considerado incompatible la incorporación al RD de una Disposición Adicional Final que introduce medidas de riesgos laborales en los servicios de ayuda a domicilio, dado que median empresas que licitan las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

“Son dos sectores con unas características distintas y esta regulación puede conllevar un problema, no sólo de interpretación sino político, por lo que deben contar con desarrollos normativos diferentes”, ha argumentado.

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