Diversas entidades sociales denuncian que las autoridades bloquean la investigación de la masacre de Melilla

Diversas entidades sociales denuncian que las autoridades bloquean la investigación de la masacre de Melilla
Foto | Border Forensics
Diversas entidades sociales denuncian que “la investigación de la masacre de Melilla está paralizada por inacción de las autoridades” y solicitan una exhaustiva reconstrucción de lo sucedido.

La intervención de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en el puesto fronterizo del Barrio Chino el 24 de junio de 2022 se saldó con 37 personas fallecieron, tres muertes días después, 77 personas desaparecidas y la devolución de 470 personas, de forma ilegal, según varias organizaciones sociales.

Coordinadora de Barrios, Colectivo Caminando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38 insisten en que la justicia española no ha realizado “investigaciones independientes ni imparciales”, al tiempo que señala que ninguna persona ha sido llevada ante la justicia en relación a los hechos que han sido calificados como una “masacre”.

Las citadas organizaciones decidieron iniciar un proceso judicial con el objetivo de solicitar la apertura de una investigación pormenorizada bajo el amparo del derecho internacional de los derechos humanos.

Así, el 27 de julio del 2023, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla admitió a trámite la querella y solicitó una investigación, ante los posibles delitos cometidos. En concreto, por homicidio por imprudencia grave, lesiones dolosas, detención ilegal en relación con la desaparición forzada y el principio de no devolución de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, además del delito contra la integridad moral, omisión del deber de socorro, prevaricación y delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Por el momento, tanto la Fiscalía española como la marroquí, lo hizo ayer mismo, han archivado las investigaciones, al no apreciados “indicios de delito”.

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Sin embargo, la aboga Patricia Fernández, experta en derechos humanos, ha denunciado que “el gobierno no está facilitando la investigación y no está aportando las pruebas ni la documentación al juzgado con lo que se está paralizando la labor de la justicia y la posibilidad de conocer la verdad y de poder obtener justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Melilla el 24 de junio”.

Por ello la abogada y portavoz de las entidades querellantes pide “una investigación judicial verdaderamente independiente”.

Otras sesenta entidades reclamaron también ayer justicia para las víctimas de la masacre de Melilla, después de elaborar su propia investigación y documentar lo sucedido aquel 24 de junio.

La conclusiones de Border Forensics,  Irídia-Centro para la Defensa de Derechos Humanos y Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), además de otros actores de la sociedad civil, señalan que “las personas migrantes fueron repetidamente dirigidas hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino y violentamente reprimidas una vez se encontraron allí atrapadas”.

 

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