Unas sesenta entidades reclaman justicia para las víctimas de la masacre de Melilla

Unas sesenta entidades reclaman justicia para las víctimas de la masacre de Melilla
Más de sesenta entidades sociales reclaman justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Melilla, de la que hoy se cumplen dos años. La respuesta de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas al intento de unas 2.000 personas migrantes de cruzar la valla fronteriza que separa Nador y Melilla se saldó con 37 personas muertes y 77 desaparecidas.

Este acto ha sido calificado como la masacre más grave en suelo europeo en los últimos tiempos por diversas organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La mayoría de las personas atacadas eran refugiados sudaneses, incluidos muchos menores de edad. Fueron expulsados ilegalmente, sin la posibilidad de solicitar asilo, en violación de las normas internacionales y españolas.

Aunque la Fiscalía marroquí ha archivado la investigación sobre la tragedia, ante “la ausencia de indicios de delito”, igual que había hecho anteriormente la española, decenas de entidades sociales sostienen que, en estos dos años, los gobiernos de España y Marruecos no han llevado a cabo una investigación adecuada ni han depurado responsabilidades

Border Forensics, en colaboración con Irídia-Centro para la Defensa de Derechos Humanos y Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y otros actores de la sociedad civil ha llevado a cabo una reconstrucción de lo sucedido.

Según relatan “el intento de cruce fronterizo, realizado a través del puesto fronterizo del Barrio Chino, fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas”.

Una trampa mortal

Así, tan solo 134 personas consiguieron entrar en Melilla y solicitar asilo. Otras 470 personas fueron devueltas en caliente a Marruecos por agentes españoles y marroquíes tras haber alcanzado el lado de la valla fronteriza bajo control español. La acción de las fuerzas de seguridad convirtió el puesto fronterizo del Barrio Chino en “una trampa mortal”.

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Las autoridades marroquíes han reconocido que se produjeron 23 muertes durante aquella jornada, si bien de acuerdo con las estimaciones de AMDH-Nador al menos 27 personas fueron asesinadas, y más de 70 continúan desaparecidas en la actualidad.

Según el análisis de estas organizaciones las muertes y desapariciones “no fueron ningún accidente”, sino que “las personas migrantes fueron repetidamente dirigidas hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino y violentamente reprimidas una vez se encontraron allí atrapadas”.

Las causas, apuntan, trascienden “la arquitectura del puesto fronterizo o la cadena de acontecimientos que tuvo lugar el día de los hechos”, responden a políticas y prácticas que operan en unas coordenadas espaciales y temporales más extensas, incluyendo las políticas europeas y españolas de externalización del control migratorio establecidas durante más de dos décadas y su instrumentalización por parte de la diplomacia marroquí, la constante impunidad de la violencia y la represión racista diaria desplegada contra la población negra en la zona alrededor de la frontera.

Las organizaciones antirracistas y de derechos humanos exigen una investigación que esclarezca los hechos y depure responsabilidades; acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, incluyendo la identificación y devolución de los cuerpos; reconocimiento oficial de la masacre y medidas para garantizar que no se repita; y el cambio de políticas migratorias que ponga fin a las expulsiones ilegales y el uso de la violencia en el control fronterizo, así como la erradicación de la discriminación racial en la concesión de asilo. Ayer domingo, se celebró una concentración en Madrid y otra en Melilla en apoyo a estas reivindicaciones.

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