Los sindicatos reclaman más ambición para frenar el precio de los alquileres

Los sindicatos reclaman más ambición para frenar el precio de los alquileres
Tras reunión del Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada, creado y coordinado por Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana, las organizaciones de trabajadores reclaman frenar los precios del alquiler e impulsar viviendas públicas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trasladó a los miembros de este grupo la necesidad de “establecer los mecanismos necesarios para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales”.

La legislación española tiene que adecuarse al Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamente Europeo y del Consejo, de alquiler de alojamientos de corta duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 de 11 de abril.

Aunque al encuentro, el Gobierno no ha llevado ninguna propuesta por escrito, expresó por boca de la ministra su intención de plantear medidas contra el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporales a través del desarrollo del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

“Tendrá que existir una causalidad para poder proceder a este tipo de contratos. Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley”, ha precisado.

La ministra también ha anunciado el desarrollo inminente y entrada en funcionamiento de un Registro Único Estatal “que aporte transparencia al sistema y nos permita la persecución del fraude y el abuso”.

Igualmente, ha propuesto la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con el fin de “empoderar a los vecinos y vecinas para que puedan prohibir la implantación de estos alojamientos turísticos en sus fincas residenciales”.

El grupo está formado por el Colegio de Administradores de Fincas, el de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, así como los sindicatos CCOO y UGT y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.

Mucho por hacer

Si bien CCOO apunta que “las medidas presentadas verbalmente van en buena dirección”, advierte que “quedan aún puntos que no se han aclarado, como las vías efectivas para impedir que se imputen al arrendatario en el alquiler de temporada gastos que corresponden al arrendador (IBI, Comunidad, Tasas de basuras, fianzas excesivas…)”.

Además, apunta que parte de las modificaciones “precisan cambios normativos con rango de ley, que deben ponerse en marcha con las mayorías parlamentarias suficientes e insertarse en el marco competencial existente en esta materia que combina competencias estatales, autonómicas y locales”.

El sindicato que lidera Unai Sordo, además, propone implantar la obligación de disponer licencia específica para viviendas turísticas y viviendas de uso temporal, evitar dedicar edificios enteros o viviendas enteras al alquiler de vivienda turística singularmente en las zonas objetivamente tensionadas y elevar el IVA al 21% de las viviendas turísticas, como el resto de las actividades económicas.

El incremento anual en la recaudación del IVA de 1.700 millones de euros anuales pueden utilizarse para financiar un número importante de viviendas sociales y de vivienda asequible a construir o adquirir y que con reserva permanente de esta calificación de vivienda asequible de promoción y control público, puede contribuir de forma decisiva a controlar los precios del alquiler en nuestro país.

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Con todo, “estas medidas deben implementarse para su aplicación en el menor plazo posible de forma que la transformación paulatina del actual modelo de alquiler se transforme en el nuevo que se propone, cuanto antes”, puntualiza, con la salvedad de que “en las zonas no tensionadas no es preciso que sean de aplicación estas limitaciones, dado que en estas zonas no se produce el mismo efecto y son generadoras de actividad económica y por tanto de empleo”.

Alquiler de habitaciones

El sindicato ha reclamado además al ministerio solución a dos cuestiones que no se han tratado en la reunión como es el alquiler de habitaciones, que han incrementado su precio de manera exponencial llegando a una media de 500 euros mensuales, en ciudades como Madrid o Barcelona, cuando es un recurso actualmente utilizado por los colectivos más vulnerables como los migrantes, familias monomarentales o jóvenes que intentan su emancipación por esta vía; y la situación de los trabajadores, tanto privados como públicos, que se tienen que desplazar fuera de sus residencias habituales a realizar su actividad laboral, y que no encuentran viviendas a precios asequibles en sus lugares de trabajo teniendo que vivir en condiciones infrahumanas.

Parque público de alquiler

CCOO insiste que ante la necesidad inmediata de vivienda en alquiler asequible, además de la construcción de un parque público de vivienda social y asequible, que implica tiempo, es necesaria la adquisición de vivienda privada ya construida y disponible, por parte de las Administraciones Públicas para su posterior puesta y gestión en el mercado del alquiler a precios limitados. Así como medidas más ambiciosas en materia hipotecaria que garantice préstamos a tipos justos, para aquellos ciudadanos que opten por la opción de compra y se vean enfrentados a una situación de disminución de renta disponible.

Este sindicato recuerda que el aumento constante de precios, muy por encima del incremento de los salarios, han convertido el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra en un problema económico y social.

En la década 2012 a 22, mientras el coste de la vivienda (compra o alquiler) se ha incrementado de media un 34,5%, la media de los salarios lo han hecho en un 15%. Esto produce una reducción de la renta disponible de las familias, superando su esfuerzo en el pago de la vivienda el 30% de sus ingresos, porcentaje establecido por diversos organismos e instituciones como máximo recomendable.

CCOO valoró como un avance las medidas de este último año, dado que han supuesto un cambio de paradigma de las políticas de vivienda, aunque igualmente recuerda que, ya habia adelantado que muchas de las medidas iban a tener efectos limitados e insuficientes, por diferentes motivos, como la no aplicación de la norma por la mayoría de las Comunidades Autónomas o los “escaqueos” de la Ley por parte de los arrendadores.

 

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