Piden no penalizar la protesta social como terrorismo

Piden no penalizar la protesta social como terrorismo
FOTO | Mike González
Más de 70 personalidades han suscrito un manifiesto en el que el que piden una modificación del Código Penal para adecuarlo a la doctrina legal europea sobre terrorismo, ante una interpretación tan amplio que pone en peligro el derecho a la protesta.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a numerosas figuras del Derecho Penal y del Trabajo han suscrito un manifiesto en el que expresan su preocupación ante la interpretación realizada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo en el auto de fecha 29 de febrero de 2024, al aplicar la reforma del delito de terrorismo del Código Penal de 2015 del modo más expansivo.

Como se refleja en el manifiesto, “si esa interpretación no se evita se podría terminar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, naturalmente, también a las trabajadoras y los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”.

El manifiesto insta a los grupos parlamentarios a proceder a una reforma del artículo 573 del Código Penal que vuelva a definir el delito de terrorismo de acuerdo con las indicaciones de la normativa europea.

Las personas firmantes explican que su intención en modo alguno es “debilitar los instrumentos materiales o jurídicos necesarios” para hacer frente a las diferentes manifestaciones del terrorismo que España ha padecido tanto en su modalidad local como internacional. “Precisamente por eso creemos que una interpretación extensiva, imprecisa o carente de rigor puede conducir a una aplicación que acabe dañando derechos fundamentales que deben ser protegidos”, afirman.

“En ese tipo de acciones masivas pueden producirse, por parte de minorías, excesos con altercados que alcancen cierto grado de violencia y, en consecuencia, conviene distinguir, con total precisión, lo que son desórdenes públicos, agravados o no, de los que pueden ser calificados de terrorismo”, detallan.

En su opinión, esta distinción no está suficientemente clara en nuestro vigente Código Penal, a tenor de las últimas interpretaciones conocidas. Por ello, entienden, “conveniente que se aborde la reforma del delito de terrorismo en el sentido en que está recogido en la normativa europea más reciente”.

El manifiesto está abierto a la incorporación de firmas de cuantos profesionales del mundo académico directamente relacionados con la disciplina tratada y de la Justicia deseen apoyarlo.

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Ley mordaza

Esta campaña ha coincidido con la que viene impulsando la plataforma No somos delito, plataforma ciudadana conformada por más de 100 organizaciones, activistas, juristas y movimientos sociales, por la derogación de la llamada ley mordaza, de la que se cumplen ya nueve años.

Esta plataforma denuncia igualmente la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más grave del Derecho Penal, que está implicando graves repercusiones para las personas y colectivos que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información.

El rigor aplicado a las organizaciones sindicales y movimientos de la sociedad civil, recuerda este colectivo, entre otras cosas está siendo impulsado por la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, junto con una doble reforma del Código Penal. La plataforma considera que “estas leyes han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil a través de la vía penal y administrativa, y han enquistado la impunidad de la violencia policial en el Estado español”.

Aunque en la actualidad, recuerda la plataforma, el caso más grave que está investigando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo está relacionado con “Tsunami Democràtic”, ahora archivado por defecto de forma, se han contabilizado más de medio centenar de personas de cuatro movimientos (Tsunami Democràtic, Futuro Vegetal, colectivo Defensem Palestina 7F y sindicalistas) acusadas de delitos de terrorismo, organización o grupo criminal.

“Investigar por terrorismo u organización criminal a un movimiento social o político con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y del Estado de derecho”, hacen notar.

Así mismo, el Código Penal del Estado español va contra las normas internacionales que definen y restringen cuando un acto se puede considerar terrorista; circunstancias que no concurren en las causas abiertas contra los movimientos mencionados, plantea No somos delito.

 

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