Retos del presente y futuro del mundo del trabajo
La crisis derivada de la covid-19 ha irrumpido en nuestras vidas incrementando la degradación de un mercado de trabajo marcado por las últimas reformas laborales, en especial la de 2012, a lo que se ha sumado el impacto de una revolución tecnológica y digital descontrolada.
Entre otras cosas, esta pandemia ha demostrado que las posiciones ideológicas que abogan por empequeñecer el Estado del Bienestar y dar prevalencia a los intereses económicos frente a los derechos humanos, sociales y laborales, ponen en serio y grave peligro la subsistencia de millones de personas trabajadoras ante las diferentes crisis. También ha evidenciado el enorme déficit de trabajo decente de nuestro sistema de relaciones laborales que se manifiesta en factores como el aumento del desempleo, en especial el juvenil, el incremento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza (incrementada en 2020 y en aumento en 2021, según la OIT), las carencias en materia de formación y prevención de riesgos laborales, una mayor discriminación en el trabajo y el debilitamiento de la participación de los trabajadores. Problemas todos ellos sobre los que UGT viene alertando desde hace años y que ahora se están agudizando.
Estos tiempos de continua transformación y transición social, laboral, económica y medio ambiental en los que estamos inmersos, nos obligan a enfrentarnos, entre otros desafíos, al reto de garantizar un trabajo decente asentado sobre los valores del pleno empleo, la democracia, la justicia social, la igualdad y la dignidad.
Se hace absolutamente necesario que los ciudadanos, las personas trabajadoras y los interlocutores sociales dediquemos los próximos meses y años a recuperar la centralidad del trabajo, a devolver el equilibrio a las relaciones laborales y a promover un avance real en los derechos y la protección de trabajadoras y trabajadores, si no queremos vernos cara a cara con las devastadoras consecuencias de un neoliberalismo sin barreras que permite, y alienta, seguir acumulando más riqueza en unas pocas manos privadas mientras la mayoría se empobrece.
En otras palabras, en los próximos meses será urgente evitar que la revolución digital y la crisis de la covid-19 sean utilizadas como excusa para implantar políticas económicas y laborales que pongan por encima de los intereses y derechos de las personas trabajadoras la maximización de los beneficios empresariales, el poder de dirección y organización de la empresa y la concepción del trabajo como una mercancía.
En este sentido, es necesario poner freno al desempleo, a los despidos (que solo cabe concebir como último recurso en situaciones extremas y cuando las medidas de flexibilidad interna fracasan –ya estamos asistiendo al anuncio de miles de despidos en la banca–), asegurar condiciones laborales y salarios dignos, establecer medidas efectivas para evitar el uso abusivo de la temporalidad y la parcialidad en la contratación, resolver en toda su extensión la problemática de las personas que prestan sus servicios para modelos de negocio basados en la explotación laboral como las plataformas tecnológicas y digitales, limitar la flexibilidad desmedida de la jornada laboral, mejorar la protección social de todas las personas trabajadoras y desarrollar políticas eficaces para lograr una transición hacia una economía verde, más ecológica.
La implantación de la semana laboral de cuatro días o 32 horas a la semana
se erigirá como una importante fuente de creación de empleo
Asimismo, la aceleración de los procesos de robotización y automatización que están llevando a cabo multitud de empresas para reducir la importancia de la mano de obra en la actividad productiva, hace absolutamente imprescindible priorizar la formación en el empleo y la mejora de capacidades y competencias, y abordar la cuestión de la distribución equitativa de los frutos del progreso, de la productividad, mediante una redistribución de los empleos más eficiente. Es aquí donde entra en juego la implantación de la semana laboral de cuatro días o 32 horas a la semana que, no solo permitirá mantener un proceso de reciclaje permanente para los trabajadores y trabajadoras, sino que se erigirá como una importante fuente de creación de empleo.
Por supuesto y de manera transversal, en esta construcción del trabajo decente, que es necesario lograr cuanto antes, será preciso implementar políticas valientes para fomentar la igualdad de trato y oportunidades en las empresas y acabar con la discriminación por razón de género y por orientación sexual a través de medidas que aumenten las tasas de actividad y empleo de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.
La sociedad del siglo XXI no desea un mundo del trabajo en el que se incumplan los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, que genere desigualdades sociales y pobreza y que desprecie a los necesitados.
Quienes formamos esta nueva sociedad que surge de la pandemia con una perspectiva y visión diferente, queremos salir de esta situación de crisis perenne con una nueva concepción del Trabajo, cuya finalidad no sea enriquecer a unos pocos y tratar a los trabajadores como robots y simple mercancía, sino que tenga como objetivos principales la consecución del pleno empleo, salarios dignos y condiciones de trabajo justas.
En definitiva, que el TRABAJO sea garantía de una vida digna y permita aspirar a que sea mejor.
Secretario general de UGT
