Entidades sociales, sindicales y católicas promueven la Plataforma por Empresas Responsables

Entidades sociales, sindicales y católicas promueven la Plataforma por Empresas Responsables
La Plataforma por las Empresas Responsables suma los esfuerzos de diversas entidades sociales, sindicales y católicas para exigir al gobierno una ley que responsabilice a las empresas de los impactos sobre los derechos humanos y medioambientales.

Más de 570 organizaciones de sociedad civil comparten un mismo objetivo: lograr un ley que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor, promoviendo así una economía sostenible y responsable.

Los cinco elementos claves de esta norma son la obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación; definir un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación; prever aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; designar una autoridad, pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal. Y finalmente, la obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.

Prioridad en la agenda pública

Esta regulación por ley para garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de la UE, que ya está trabajando una directiva, y de muchos países europeos, que han aprobado legislación en la materia (Francia, Alemania y Noruega) y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

Atajar la vulneración de los derechos de los trabajadores

La ausencia de normativa vinculante ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medioambiente.

Las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente. Según el informe Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional, 2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido.

También en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados y el 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas (Análisis Global 2020, Front Line Defenders).

Organizaciones que integran la plataforma

Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (Caritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y USO.