Misa en la televisión pública valenciana ¿por qué no?

Misa en la televisión pública valenciana ¿por qué no?

Por razones de edad y de salud, me incluyo entre el grupo de personas a las que la COVID-19 ha obligado a restringir su presencia en espacios cerrados, incluso ahora que parece que, entre el proceso de vacunación y la disminución de los contagios, empezamos a vislumbrar el final de este largo túnel.

Si a las razones antes expuestas de edad y salud añadimos mi condición de creyente y practicante, será fácil entender que he tenido que recurrir a la TV para cumplir con mis prácticas religiosas dominicales.

Y si, a todo lo dicho hasta este punto le añadimos mi condición de valenciano parlante deseoso de que las celebraciones de mi fe pueden expresarse en la lengua que utilizo habitualmente, será fácil deducir que he valorado y celebrado que la televisión pública valenciana, o sea À punt, haya venido ofreciendo este servicio todos los domingos desde que empezó la pandemia y sus restricciones consiguientes.

Por ello mi perplejidad, y también mi indignación, cuando en el transcurso de la celebración de hoy mismo, festividad del Corpus, hemos sabido que ¡hasta aquí hemos llegado! Nuestra televisión pública ha dicho que, como se acaban las restricciones, se acaban las retransmisiones.

Coincido con lo expresado por el sacerdote que regularmente ha venido oficiando durante quince meses la eucaristía retransmitida desde À punt: gracias a nuestra televisión pública por haber tenido la sensibilidad de ofertar este servicio a las personas que por edad, salud y las circunstancias conocidas no hubieran tenido posibilidad de seguir la misa en nuestra lengua si no hubiese sido por este medio; pero también nos preguntamos con él por qué no ha de tener cabida en circunstancias normales este servicio que demandan muchos ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos también ayudan al mantenimiento de este medio público.

Y aquí me temo que entramos en un debate que desde hace tiempo se produce en el seno de nuestra sociedad y que, en mi modesta opinión, se plantea en términos equivocados. Me explicaré.

Aunque cuando este debate se inició se solía argumentar que las manifestaciones de fe (como una misa en este caso) no debían tener cabida en un medio público “ya que estamos en un estado laico”, creo que hoy en día este argumento ya no se utiliza porque, como reconocen hasta los más convencidos laicistas, no es verdad que estamos en un “estado laico” sino que en lo que estamos es en un “estado aconfesional”, que no es lo mismo como todos podemos comprender.

Es cierto que podríamos estar en un “estado laico”, pero los padres de la actual Constitución Española (que, guste o no, es la que hay) optaron por la fórmula del “estado aconfesional”, que es aquel en el que el Estado reconoce el hecho religioso (artículo 16.1) sin adherirse a ninguna religión y, por razones sociológicas tiene en cuenta las creencias de la sociedad (artículo 16.3).

Y, desde esta constatación innegable (estado aconfesional, no estado laico), llegamos al meollo de la cuestión.

¿Por qué una misa en una televisión pública? Precisamente porque es pública. La titularidad es del Estado o de una Comunidad Autónoma (como en el caso de À punt) y por esa titularidad en el seno de una sociedad plural, desde el conocimiento de que una parte de la sociedad demanda ese servicio, los poderes públicos por razones de “bien común” deben esforzarse por dar respuesta a esa demanda.

Es cierto, y no lo vamos a negar, que hay muchos ciudadanos que por diversas razones (no son creyentes, son laicos, incluso son antirreligiosos) pueden discrepar y manifestar su oposición públicamente. Están en su derecho a manifestar su oposición pero, ¿tienen derecho a impedir que se preste ese servicio demandado por otro sector de la ciudadanía? Creo sinceramente que no, que una cosa es manifestar tu opinión y otra tratar de que la tuya sea la que se imponga.

¿Por qué con el dinero de mis impuestos se ha de subvencionar algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Este suele ser el argumento que se expresa para manifestar la oposición a que el hecho religioso tenga presencia en un medio público de difusión.

Como, evidentemente, la mayoría de personas que se oponen a la presencia del hecho religiosos en un medio público suelen ser bastante razonables y comprensivas, se argumenta que “quien quiera una misa en la televisión que se la pague”. Y aquí creo yo que es donde está, dicho sea con todos los respetos, el mayor de los errores.

En una sociedad plural como la nuestra, hay partidarios de las fiestas de Moros y Cristianos y también, aunque pocos, contrarios a ellas; hay partidarios del Carnaval y personas que lo detestan, hay aficionados al fútbol o al deporte en general y otros que no les gusta para nada el deporte.

¿Sería lógico, si no me gustan los Moros y Cristianos, el Carnaval o el deporte, pretender que con el dinero de mis impuestos no se subvencionara cada una de esas actividades? ¿Podría exigir que con mis impuestos no se subvencionaran las Comparsas y fiestas de mi pueblo porque a mí no me gustan? ¿Podría un ciudadano al que no le gusta el fútbol, el baloncesto o el balonmano, exigir que con sus impuestos no se retransmitieran partidos o las fastuosas y festivas celebraciones con que son acogidos cuando vuelven tras haber conseguido algún trofeo importante?

Si en una sociedad moderna solo pudiesen las Administraciones Públicas subvencionar aquellas actividades que concitan adhesiones unánimes, habríamos de convenir que más allá del derecho a vestirnos, alimentarnos, cuidarnos y educarnos (por citar cosas que se supone que son de general admisión) prácticamente no se podría subvencionar o dar cabida a casi ninguna actividad.

Las Administraciones Públicas, con el dinero de todos, subvencionan actividades que demanda la ciudadanía, aun sabiendo que no toda la ciudadanía comparte esa demanda. Y, si no actuasen así, dedicándose solo a aquello que tiene un consenso social unánime,  nos meteríamos en un berenjenal de difícil salida.

Las Administraciones Públicas, por razones de bien común, subvencionan actividades que demanda la ciudadanía y, entre todos solidariamente las pagamos con independencia de que nos gusten más o menos.

Señores dirigentes de À punt: gracias por el servicio que en tiempos de pandemia han prestado a la comunidad cristiana de nuestra tierra. Pero, por razones de bien común, exigimos que ese servicio se mantenga más allá de las actuales circunstancias que actualmente lo han propiciado.

¡Sí a la misa en À punt!