Sindicatos y ONG reclaman un mayor esfuerzo para luchar contra la pobreza
España tendrá que hacer “un esfuerzo suplementario” para reducir la pobreza a los niveles establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar de Derechos Sociales, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Los principales indicadores analizados en el XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, por más que las medidas impulsadas por la UE y el Gobierno de España hayan evitado que todavía fueran peores, han puesto de manifiesto la necesidad de ir más allá del llamado escudo social.
Así, EAPN-ES reclama incrementar su cobertura y su intensidad, además de complementarlas con otras dirigidas a paliar y reducir la pobreza, como la mejora del ingreso mínimo vital, y la aprobación de la Ley de Vivienda o la Ley de Familias.
La urgencia de la Ley de Vivienda
“Necesitamos que salga la Ley de Vivienda ya, es urgente. Por primera vez en 40 años tenemos está oportunidad de convertir la vivienda en un derecho social en nuestro país”, ha explicado el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, quien ha añadido que “si no queremos marginación, vulnerabilidad y pobreza, no se pueden apoyar medidas que envían a personas a la exclusión social”.
En España, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion, por sus siglas en inglés) se situó en 2021 en el 27,8% de la población residente, lo que se traduce en más de 13 millones de personas, 380.000 más que en 2020.
Las causas que están detrás de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España tienen características multidimensionales, lo que hace necesaria una fuerte transformación social donde el sistema económico se ponga al servicio de las personas, apunta EAPN-ES.
Las sucesivas crisis que está atravesando Europa en los últimos años, como la pandemia, la crisis energética y la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania, han impactado de forma más cruda en las personas en situación de pobreza.
Los precios de los alimentos, la vivienda, los servicios y el coste de la vida en general amenazan la dignidad e incluso la vida de millones de personas, y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción en base al respeto y la garantía de los derechos sociales.
Empleo y protección social para luchar contra la pobreza
Por su parte, el sindicato UGT reclama, con el fin de erradicar la pobreza, “aumentos salariales, protección laboral adecuada para todas y todos los trabajadores, políticas de salario mínimo y aumento de éste en los países que cuenten con este sistema, protección social universal, diálogo social y protección y fomento de la negociación colectiva”.
Además, el sindicato aboga por un modelo fiscal más justo y acorde a las transformaciones económicas y un incremento de la cooperación internacional para luchar contra esta lacra, que mata, a diario, a miles de seres humanos.
La organización de trabajadores ha denunciado que “más de 700 millones de personas viven en el mundo en situación de pobreza extrema. De éstas, cuatro millones y medio viven en España, en donde el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado y ya se sitúa en el 27,8% según la encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.”
UGT ha querido rescatar la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acordada entre gobiernos y organizaciones sindicales y patronales, en el que se identifica la necesidad de que los trabajos cuenten con unos mínimos adecuados de protección laboral y fijen el número máximo de horas de trabajo, así como de la existencia de salarios mínimos dignos, disposiciones en materia de salud y seguridad y garantías para conseguir la igualdad salarial y lugares de trabajo libres de violencia.
Para el sindicato, resulta también fundamental una mayor cooperación internacional entre los Estados para para erradicar esta lacra mundial. Sin una nueva gobernanza económica en el mundo, en la Unión Europea, será imposible atajar un problema global.
En este sentido, el sindicato da la bienvenida a la nueva Ley de Cooperación Internacional del gobierno de España, una ley que refrenda a la cooperación como una política de Estado, así como al aumento de la cuantía económica asignada a ésta, y que se vuelva a reconocer a la cooperación sindical como herramienta clave para conseguir un desarrollo democrático, social, político y económico en el mundo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
