Sindicatos y ONG exigen el respeto a los derechos humanos en la crisis de la frontera sur

Sindicatos y ONG exigen el respeto a los derechos humanos en la crisis de la frontera sur
Sindicatos y ONG demandan el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la legalidad ante la entrada en nuestro país de miles de personas por la frontera sur, al tiempo que critican la utilización de los flujos migratorios para sacar réditos políticos, económicos y diplomáticos.

En una resolución de urgencia aprobada en el pleno de su 43 Congreso Confederal, UGT ha pedido “el respeto de las personas migrantes, y el cese inmediato en la utilización de las mismas como un instrumento político de presión a España y la Unión Europea para la consecución de objetivos que nada tienen que ver con la realidad social que sufren los seres humanos que se ven obligados a desplazarse”, a la vez que advierte que “el fenómeno migratorio requiere soluciones adecuadas y de justicia social a uno y otro lado de las fronteras”.

“Es inadmisible la utilización de los flujos migratorios, de las personas, como un arma política y de presión con el fin de alcanzar ventajas en el tablero político o de castigar conductas que desagradan la posición de gobiernos autoritarios”, reza la resolución.

CCOO ha insistido en que “la prioridad es salvar vidas y socorrer de manera inmediata a todas aquellas personas en situación de riesgo, más aún si son menores o personas vulnerables” y eleva una petición al Gobierno de España para que realice “un esfuerzo político y diplomático para solucionar la situación desde la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”.

Contra los discursos de odio

Las organizaciones españolas que forman parte de Migreurop (CEAR, ELIN, SOS Racismo, Red Acoge, IRÍDIA, APDH-A y ANDALUCÍA ACOGE), por su parte, han recordado que “las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida”, como establecieron las sentencias del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020.

Estas organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos, han mostrado, igualmente su preocupación, “ante la apuesta por medidas de disuasión y bloqueo en las fronteras que provocan la criminalización de las migraciones y derivan en confrontación social. nuestra solidaridad al pueblo ceutí que, ante la falta de respuesta adecuada por parte de los diferentes gobiernos españoles, vive una sensación de inseguridad y desconcierto, que es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes”.

En su comunicado, también expresan su “solidaridad” con el pueblo ceutí que, según su comunicado, “ante la falta de respuesta adecuada por parte de los diferentes gobiernos españoles, vive una sensación de inseguridad y desconcierto, que es aprovechada por quienes alimentan los discursos de odio para promover la división social y criminalizar a las personas migrantes”.

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