Presión al Gobierno para que apruebe ya la ley de diligencia debida
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil han entregado una carta al Gobierno en la que expresan su preocupación por la falta de “compromiso efectivo” para aprobar la ley de debida diligencia sobre empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Entidades como Manos Unidas, Greenpeace, Justica y Paz, la Red de la Economía Alternativa y Solidaria o la Coordinadora de Comercio justo, incluidas organizaciones sindicales, en representación de cuatro millones de personas vinculadas a ellas, se han dirigido al Gobierno para que apruebe cuanto antes la ley de debida diligencia.
A las puertas de La Moncloa, la representante de REAS, Silvia Sanchis, ha pedido al Ejecutivo “cumplir con su compromiso de aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de esta legislatura”, con la que poner fin, de una vez, “a los abusos empresariales sobre los derechos humanos y el medioambiente”.
“La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales”, ha recordado, José Díaz de Argote, de Entreculturas.
Para las ONG, organizaciones de desarrollo, ecologistas, de derechos humanos y sindicatos firmantes de una carta entrega en el complejo presidencial, la ausencia de esta ley perpetúa las vulneraciones de derechos humanos y la degradación del medioambiente.
Cristina Muñoz, de Alianza por la Solidaridad, ha denunciado que “las víctimas no pueden esperar” y que “las actividades de empresas en todo el mundo han provocado o han contribuido al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, al menoscabo de los derechos sindicales y de los trabajadores, al trabajo forzoso e infantil y al aumento de la pobreza”.
Las empresas españolas no son ajenas a estos impactos. De hecho, Eva Saldaña, de Greenpeace, ha citado los casos de Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y sindicales en Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o de CAF –Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A–, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina.
También ha criticado el proyecto de hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, denunciado ante Punto Nacional de Contacto de la OCDE.
Dejar a la voluntad de las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades sociales no está dando resultado. Orencio Vázquez, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, ha explicado que “un 33% de las empresas del IBEX 35 españolas hace una identificación de riesgos de impacto en derechos humanos, que es el primer paso de la debida diligencia”.
Durante el periodo de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de ley, las entidades de la sociedad civil realizaron numerosas aportaciones. El borrador está listo, pero no hay avances en su tramitación. Ricardo Loy, de Manos Unidas, ha detallado que “la Ley de Debida Diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y medioambiente forma parte de los distintos compromisos adquiridos por el Gobierno en los programas electorales de ambos partidos, en la Estrategia de Acción Exterior 2021- 2024, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y en el Plan Normativo Anual de 2022”.
De ver la luz en esta legislatura, España podría sumarse a países como Francia y Alemania que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto y convertirse en el referente, haciendo de ello una insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023, defienden las organizaciones sociales.
“Es urgente pasar de las palabras a los hechos”, ha reclamado Franc Cortada, de Oxfam Intermón, “Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora”, ha puntualizado.
Redactor jefe de Noticias Obreras
