Trabajo y sindicatos defienden que la reforma de la protección al desempleo beneficia a las personas y las empresas
En el acto, celebrado en el vestíbulo ministerial del Paseo de la Castellana, Díaz ha destacado que “esta reforma compleja busca proteger a quien más lo necesitan, simplificar trámites y fomentar la compatibilidad entre el subsidio y el empleo”.
Para Pepe Álvarez, este “importantísimo acuerdo”, que esta vez sí lleva la firma de los sindicatos, como se ha encargado de resaltar, “beneficia a las personas trabajadores y a las empresas, que van a tener la posibilidad de tener personas formadas y preparadas que compatibilizarán durante un tiempo determinado el subsidio con el trabajo”.
También Unai Sordo ha mostrado su “satisfacción” por este acuerdo “necesario” y “muy relevante”, que “mejora las condiciones de acceso al subsidio para muchísimas personas de nuestro país, que además sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios y por tanto, destinado a mejorar la vida de mucha gente, además, las más vulnerables y en peor situación socioeconómica”, sin olvidar que cumple con uno de los compromisos para liberar fondos europeos, “necesarios para transformar nuestro modelo económico”.
El líder de CCOO ha resaltado que el acuerdo va más allá de la “mejora global que no fue ratificada” en el Congreso, al corregir las insuficiencias del primer real decreto gracias a una negociación que ha sido compleja, no solo por las materias tratadas, sino también por sus tecnicismos y sus consecuencias. Esta reforma, ha resumido, introduce “mejoras sobre la propia redacción del decreto que no fue convalidado hace meses”.
Además, ha relacionado este acuerdo con la reivindicación de pleno empleo que los dos principales sindicatos llevaron a las calles el pasado Primero de Mayo. Para ello, ha precisado es necesario movilizar inversión productiva al calor de las transformaciones socioeconómicas, favorecer la demanda solvente a través de la creación de empleo, mejoras salariales y transferencia de rentas y desarrollar la formación y cualificación profesional permanente, además de “proteger a colectivos particularmente vulnerables que en determinadas circunstancias pierden su empleo y tienen dificultades de inserción laboral”.
Protección y creación de empleo
“No hay disociación” ha dicho, entre la protección al desempleo y la creación de empleo, “todo lo contrario, reman a favor de la generación de pleno empleo”, ha remarcado.
Sobre la compatibilidad de los subsidios en determinados empleos, como incentivo para la inserción laboral, ha puntualizado que va a ir aparejado con programas de inspección para evitar abusos, al tiempo que se ha felicitado por la reserva de 600 millones de europs para políticas activas de empleo, en especial, para mayores de 52 años, colectivo con grandes dificultades para volver al mercado laboral.
Sordo ha puesto especial énfasis en la supresión de una medida adoptada por el PP en la reforma de 2012 por la que la protección al desempleo de los contratos a tiempo parcial se calculaba según la jornada del último empleo. Ha señalado que el cambio supone “un avance en la equidad de género”, ya que el 75% de las potenciales perceptoras son mujeres.
También se ha detenido en recordar a los colectivos que ahora podrán contar con la protección social en caso de desempleo, como los menores de 45 años sin cargas familiares, las víctimas de violencia de género, las personas migrantes retornadas y los trabajadores eventuales agrarios.
Subsidio agrario
Igualmente, el líder de UGT ha subrayado la trascendencia del subsidio agrario ahora ampliado a todas las comunidades autónomas tanto por su repercusión en la reactivación del sector primario como como su impacto demográfico en la España vaciada, al contribuir a que las personas puedan “instalarse, vivir y asentarse en el territorio”,
Al igual que Sordo, Álvarez, ha reconocido que todavía quedan reivindicaciones sindicales por atender, en especial, la revalorización del Índice de Precios de Referencia de Efectos Múltiples (IRPEM), utilizado para calcular la cuantía de las prestaciones, mientras no se establezca el baremo del “umbral de la pobreza” que, ha explicado, sí funcionaria de manera automática.
Sordo, además, ha pedido avanzar para cubrir los vacíos de cobertura en la protección social, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular presentado por los dos sindicatos hace ya cuatro legislaturas.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aprovechado para alabar las bondades del diálogo social y ha recordado los pactos alcanzados en su anterior mandato.
Agradecimiento a las patronales
Aunque este acuerdo no lleva la firma de las patronales, la ministra ha agradecido el papel de la CEOE y la CEPYME en esta mesa de diálogo social, organizaciones de las que ha dicho “han sido muy activas en la confección y mejora de la norma”.
Díaz ha afirmado que las mejoras de la protección por desempleo persiguen “no dejar a nadie desamparado, sin red de seguridad, que es siempre pública y debe ser colectiva”, dentro de su sentido de hacer política que como insiste su formación en las campañas electorales, pasa por “solucionar los problemas”, mientras que “enfrente está la nada”.
También ha añadido que con esta reforma se derriban “muros” con que topan las personas más vulnerables en su relación con las administraciones públicas”, entre otras cosas, acabando con el “dichoso mes de espera”, “sin sentido jurídico” para cobrar el subsidio por desempleo.
Siguiendo con el tono electoral, la ministra ha insistido en que esta reforma “coloca a las mujeres en el centro”, no solo al establecer un nuevo subsidio para las víctimas de la violencia de género, “frente al negacionismo del que algunos hacen bandera con la complicidad del PP”, sino también al mejorar las prestaciones para los contratos a tiempo parcial.
Sobre la protección social, Díaz ha resaltado que “no es ninguna paguita sino un derecho de las personas trabajadoras, al tiempo que ha querido resolver la polémica sobre los incentivos a la búsqueda del empleo, aportando el dato de que el 80% de los perceptores de prestaciones no agoten su duración.
De paso, ha afeado la gestión de los gobiernos del PP que dejaron los Servicios Públicos de Empleo con un déficit de 76.000 millones, cuando ahora arrojan un superávit de 6.000 millones en el momento de mayor tasa de cobertura de la protección social, que ha elevado por encima del 70%.
Antes de recordar que el diálogo social sigue con tres mesas abiertas, como la relativa a la reducción de la jornada laboral, ha proclamado la importancia de que la ciudadanía entienda que existen “unas instituciones que pelan por sus derechos” y unos agentes sociales, con un mandato constitucional recogido en el artículo siete, que hacen mejor nuestra democracia”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
