Vulneración de derechos durante el estado de alarma

Vulneración de derechos durante el estado de alarma
Varias ONG han denunciado que cientos de personas migrantes, solicitantes de asilo, menores y jóvenes extutelados  han visto limitados sus derechos, más allá de lo establecido en la normativa reguladora del estado de alarma, y han vivido con unos servicios mínimos deficientes como escasez de comida, de agua y falta de atención sanitaria, entre otros, en Melilla.

La organizaciones que trabajan en los centros y espacios de acogida de la Ciudad Autónoma de Melilla denuncian la falta de recursos sociales y habitacionales disponibles, una gestión de acogida opaca e insuficiente y deficiencias estructurales y de los servicios provistos en esta ciudad durante la actual crisis sanitaria.

Médicos del Mundo, Save the Children, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Red Migrantes con Derechos y la Asociación Geum Dodou Melilla denuncian ante el Defensor del Pueblo la situación que personas migrantes, solicitantes de asilo, menores y jóvenes extutelados están viviendo durante el estado de alarma. Concretamente, ponen el foco en los espacios ofrecidos –el recinto El V Pino, la plaza de toros, la mezquita del cementerio musulmán y el fuerte de Rostrogordo– para albergar a cientos de personas en especial situación de vulnerabilidad, que vivían en la calle, que han llegado a España durante estos meses de estado de alarma o que han sido trasladados de centros de acogida saturados como el CETI.

Espacios como el recinto de El V Pino, el único de los centros que desde el pasado 31 de mayo ha cerrado sus puertas, ha albergado a unos 200 hombres y a una mujer, sin ventilación ni climatización. Con las lluvias de abril y mayo, las carpas se llenaron de goteras que caían directamente en las literas. Especialmente destacable era la situación de los aseos: tres váteres y una ducha en mal estado para unas 200 personas. Frente a estas malas condiciones, muchas de ellas preferían orinar en botellas. Además, las camas, tipo literas, carecían de colchón, sábanas o almohadas.

Tampoco había servicio de lavandería, las personas referían escasez de comida y agua –1,5 litros por persona y día antes de ramadán– y no había conexión a internet o teléfono para comunicarse con el exterior. Preocupaba especialmente la atención sanitaria, ya que los equipos médicos no acudían con regularidad.

En la Plaza de Toros de Melilla, otros de las zonas habilitadas, la situación es similar a día de hoy: acoge a más de 400 personas a quienes se les ha negado la salida a la calle incluso en fase 1 y no hay espacio de cuarentena para las recién llegadas.

En ambos recintos, los problemas derivados de los trámites administrativos han hecho que las personas que tenían pendiente regularizar sus situaciones de residencia o acogida se hayan visto afectadas por la poca flexibilidad gubernamental durante la emergencia. La Policía incluso obligó a muchos residentes a entregar sus pasaportes en el momento de confinarse en la plaza de toros. En el V Pino había jóvenes que estuvieron más de un año tutelados por la ciudad autónoma y, debido al estado de alarma, no se han tramitado sus residencias, quedándose en la más absoluta irregularidad y susceptibles de que se les incoe un procedimiento de expulsión.

En el caso del CETI, se ha doblado su capacidad de acogida durante todo el estado de alarma, llegando a albergar a 1.600 personas, 200 de ellas niñas y niños. En estas condiciones es imposible mantener la distancia de seguridad y tampoco se ha permitido a las personas residentes salir a pesar de que Melilla entrara en fase 1 el pasado 18 de mayo. Las ONG que suelen colaborar con el centro han seguido prestando sus servicios durante el confinamiento: asistencia jurídica, actividades educativas y socioculturales, etc.

En la mezquita del Cementerio Musulmán –una iniciativa privada– y en el fuerte Rostrogordo –adaptado para acoger a los menores no acompañados– las condiciones son mejores, a pesar de la precariedad. El primero ha albergado a casi un centenar de personas en la mezquita y en cuatro camiones anexos. Cabe destacar que, a finales de abril, se notificaron órdenes de expulsión a todas las personas que allí se encontraban, incluso a personas con visados.

Hasta Rostrogordo se trasladaron jóvenes que se encontraban acogidos en el centro de menores La Purísima y se habilitó una zona de cuarentena para menores que no estaban en el sistema de acogida. En total unos 140 menores gozan de asistencia sanitaria, actividades socioculturales, e higiene y cuidados, aunque la mitad de los alojados han denunciado tener sarna.

Las ONG firmantes no tienen constancia de que se hayan dado charlas informativas sobre la Covid-19, ni en el dispositivo habilitado en el V Pino ni en la plaza de toros. Tampoco se han repartido mascarillas, gel hidroalcohólico o guantes en los anteriores dispositivos ni en la mezquita.

La saturación crónica del CETI y la paralización de los traslados a la península de población norteafricana -incluidos los jóvenes que salen de la tutela administrativa de la ciudad autónoma, situación que les da derecho a la residencia en España- agrava la deficiente capacidad de acogida de Melilla y frustra cualquier posibilidad de reacción en caso de situaciones excepcionales. La situación es cercana al colapso, incluso en un periodo en el que las entradas de solicitantes de protección internacional y de otras personas migrantes se han mantenido en cifras bajas”, apuntan las ONG.

Por todo ello, las entidades firmantes han elaborado un informe que recoge la vulneración de derechos de estas personas, recopilada por observación directa desde que se habilitaran estas instalaciones provisionales hasta el pasado 31 de mayo. Ante las insuficientes respuestas a las misivas enviadas a la Presidencia del Gobierno y a los organismos competentes, las ONG han decidido denunciar la situación en una carta al Defensor del Pueblo, instándole a exigir responsabilidades por las lesiones de derechos a estas personas.

Las ONG exigen una investigación y reclaman una gestión basada en los principios de solidaridad y responsabilidad de la política migratoria, centrada en la dignidad de la persona y en el respeto a los derechos humanos.