España ratifica la Carta Social Europea, pero deja en el aire el protocolo que vela por su cumplimiento

España ratifica la Carta Social Europea, pero deja en el aire el protocolo que vela por su cumplimiento
El Gobierno ha iniciado el proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada, que estaba pendiente desde 1996. Las organizaciones sindicales y ONG valoran el paso, pero piden que también se firme el protocolo que vela por el cumplimento de los derechos incluidos.

Los distintos gobiernos españoles se han resistido a firmar la Carta Social actual, ante el temor a someterse a un sistema de control supranacional que podría suponer sanciones. El Gobierno de Pedro Sánchez había anunciado su intención de ratificarlo en febrero, pero aplazó el trámite, ante el devenir de los acontecimientos.

La Constitución social de Europa, así fue declarada en 2104, tiene su origen en un texto firmado en Turín en 1961 que fue ampliado en 1996. España firmó la Carta en 1980, pero no se adhirió íntegramente a la versión revisada de 1996.

Con sus protocolos adicionales y la reforma del mecanismo de control, la Carta constituye un instrumento jurídico para velar por los derechos reconocidos en ella. En concreto, el protocolo adicional número 3 de 1995 permite las reclamaciones de los agentes sociales y ONG ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

UGT ha celebrado el anuncio del Gobierno y ha explicado que espera también la adhesión al mecanismo de control. La ministra de Trabajo explicó que este trámite se realizar a través de otra vía, aunque aseveró que se han comenzado también los pasos para su aplicación.

Del mismo modo, Cáritas ha mostrado su conformidad con el paso del Ejecutivo, si bien, lamenta que siga quedando fuera del acuerdo la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, un instrumento clave de la Carta.

“Esta omisión es especialmente grave si se tiene en cuenta que en el acuerdo del Consejo de Ministros se dice textualmente que “añade la posibilidad de suscribir el Protocolo adicional (nº3) de 1995 de reclamaciones colectivas, independiente de la firma de la Carta revisada y que España no ratificará en el presente procedimiento”, explica Cáritas.

Para la organización humanitaria de la Iglesia, “el Protocolo rubrica por parte del Estado firmante su apuesta inequívoca por la protección de los derechos y la garantía de su cumplimiento, además de añadir ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas, entre otras, a la economía procesal, a su celeridad y al fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.

La puesta en marcha del procedimiento parlamentario para la ratificación de la Carta Social Europea revisada puede, no obstante, corregir el Acuerdo del Gobierno sobre la ratificación del Protocolo de 1995. Existe todavía la posibilidad de someterse al mismo a través de la realización de la aludida manifestación ad hoc (la declaración prevista en el art. D.2 de la parte IV de la propia Carta revisada) en el momento de la ratificación por parte de las Cortes Generales.