Entidades cristianas y sociales reclaman “la mejora inaplazable” de las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar

Entidades cristianas y sociales reclaman “la mejora inaplazable” de las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar
Con participación de varias organizaciones diocesanas de trabajadores cristianos y de entidades sociales, en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una gran movilización exige la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la integración plena de estas trabajadoras en el régimen general de la Seguridad Social.

Lo cierto es que sigue siendo el único colectivo laboral que no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo. Pero es que además sus pensiones continúan siendo las más bajas de todas las ramas económicas, alcanzando poco más de la mitad de la pensión media, mientras que alrededor de 200.000 personas, un tercio de las empleadas en el sector, trabajan sin contrato, por no hablar del fraude de ley generalizado en la contratación a tiempo parcial.

“¿Seremos capaces de seguir obviando la dignidad del trabajo del hogar, como trabajo esencial? ¿Seguiremos aplazando la aprobación de leyes que les permitan alcanzar un estatus de trabajadores como el resto?”, se pregunta la Plataforma de entidades por el Empleo de Salamanca, en la que participa la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la diócesis, precisamente, “en este año especialmente difícil y en el que las empleadas han demostrado su valentía y compromiso en el trabajo con nuestros mayores, sin aplausos, sin reconocimiento, sin medidas preventivas…”.

Recuerdan que incluso en el momentos más duro de confinamiento, al ser declaradas sus tareas, como “trabajos esenciales”, estas trabajadoras siguieron en primera línea, esforzándose por que “nuestros mayores salieran adelante siendo el colectivo más castigado de la pandemia, algunas llevaron sus heridas como la propia enfermedad o la pérdida de las personas a las que cuidaban”, a pesar de lo cual muchas quedaron sin trabajo.

En la diócesis de Palencia y de Jaén, en el comunicado hecho público por estos movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, igualmente, expresan su indignación ante las “condiciones laborales injustas que sufren estas trabajadoras” y su apoyo a las luchas en defensa de sus legítimos derechos, al tiempo que alienta a las propias trabajadoras a “superar el aislamiento y la dispersión en los hogares, para defender sus derechos de forma colectiva, solidaria y organizada”. Por eso, reclaman “la urgencia de regularizar este sector de la economía, para que a estas trabajadoras se les reconozcan iguales derechos que al resto de trabajadores por cuenta ajena”.

Además, en la diócesis de Segorbe-Castellón participando de la la Plataforma por la Igualdad de derechos de las personas Trabajadoras del Hogar de Castellón, junto con sindicatos, asociaciones de empleadas y entidades de inspiración católica, han denunciado en el comunicado Esenciales, Imprescindibles y con Derechos, que “con una fuerza precaria y sin derechos, se pretende tapar las grietas de un sistema de cuidados demasiado frágil que, castigado por la insuficiente atención a la dependencia, las limitadas políticas de conciliación y la aún desequilibrada corresponsabilidad entre hombres y mujeres, se ha mostrado dramáticamente incapaz de garantizar el bienestar del conjunto de la población”.

Falta de reconocimiento y valoración

En diciembre de 2020 fue aprobado por Real Decreto un nuevo retraso en la integración del sistema especial de Empleo de Hogar en las medidas de protección aún no reconocidas del Régimen General, hasta 2023. Ésta es la tercera vez que se incumplen los plazos fijados.

España ocupa el segundo puesto a nivel europeo en la contratación de empleo de hogar, casi el 3% del total de trabajadoras y trabajadores en activo (frente al 0,3% de países como Finlandia o Bélgica), como consecuencia de la cobertura tan limitada de los servicios públicos.

La falta de reconocimiento y valoración del trabajo que realizan también tiene consecuencias directas en el contexto del COVID: aquellas trabajadoras de hogar que realizan tareas de cuidados personales no están consideradas como cuidadoras, ello no solo afecta a su valoración profesional sino que tiene consecuencias directas en asuntos claves, como la protección frente al coronavirus o la vacunación, de la que quedan relegadas al no ser incluidas como personal sociosanitario.

Para Cáritas, el intento del Gobierno de dar respuesta a la situación de vulnerabilidad del colectivo con la puesta en marcha de un subsidio extraordinario y temporal (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo), “no ha servido” ya que “las dificultades de acceso” debido a los trámites administrativos, “al retraso o impago de las ayudas”, y a que “buena parte de ellas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social”, les impide acceder al este derecho, “solo una de cada cien lo ha cobrado”.

Asamblea interterritorial

Por otro lado, unas 10 entidades de trabajadoras del hogar y los cuidados de distintas ciudades, se han reunido en una asamblea de carácter interterritorial para conformar “un espacio desde el que socializar los debates y articular propuestas y herramientas comunes; tejiendo así una red horizontal de cuidados desde la cercanía, la confianza, la transparencia y el respeto”.

Entre sus demandas se recogen la exigencia de políticas públicas que garanticen los cuidados como derecho básico universal y condiciones de trabajo dignas; la ratificación del Convenio 189 de la OIT; el cumplimento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos, con el reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social; un mayor seguimiento y control de la Inspección de Trabajo de todos los contratos y de las cotizaciones de la Seguridad social, sin distinción de horario; la regularización de trabajadoras en situación irregular; la abolición de la ley de extranjería; el acceso al derecho a la salud pública y universal para todas las personas, independientemente de su situación administrativa; y, entre otra consideraciones, exigir a las instituciones y a la sociedad que se reconozca, se visibilice y se reparen todas las violencias múltiples ejercidas contra este colectivo, con medidas concretas y efectivas que nos protejan.