Las medidas para salvar el tejido productivo carecen, por ahora, de garantías y controles suficientes
Aunque llega con retraso, y no pocas dudas, los sindicatos ven bien el plan de movilizar 11.000 millones de euros en ayudas directas e indirectas a las empresas y autónomos, de los que 2.000 millones serán gestionados por las autonomías.
“La clave del éxito de estas ayudas será que lleguen a tiempo a aquellas empresas que son viables y que, por el contrario, no terminen financiando empresas zombis que terminen cerrando tras recibir el dinero público”, advierte CCOO.
Para UGT, “se trata de una iniciativa necesaria y bien dirigida, pero que, en lo que se refiere a las ayudas directas, parece de dimensión insuficiente, a la vista de lo que se ha aplicado en los países centrales de nuestro entorno y, sobre todo, de la importancia cuantitativa de las pymes en nuestro país”.
Los sindicatos habían pedido condicionar las ayudas al cumplimiento de objetivos sociales como mantener el empleo o pagar las nominas atrasadas, pero, de momento, solo parece que han sido escuchados en su petición de prohibir el reparto de dividendos entre los accionistas de las empresas apoyadas por el dinero de los y las contribuyentes.
El papel de los bancos
La reestructuración de las deudas de las empresas avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para las que se ha creado un fondo de 3.000 millones, levanta cierto recelos, dado que su aprobación no la hará el Ministerio de Economía, según criterios claros y transparentes, sino los bancos. Las entidades financieras, además, no correrán con parte de los costes de las quitas, a pesar de que están obteniendo importantes beneficios por los intereses que cobran de los más de 85.000 millones de créditos avalados.
Oportunidad para cambiar el modelo
La organización que dirige Pepe Álvarez considera que la entrada en el capital de las empresas de mayor tamaño, requisito para conceder las ayudas derivadas del fondo de 1.000 millones de euros gestionado por el Ministerio de Industria, a través de COFIDES, debe constituirse como “un instrumento privilegiado para que el Estado oriente las decisiones estratégicas de estas empresas en la línea de contribuir a un nuevo modelo productivo, más equilibrado y sostenible”.
Coordinación y transparencia
Alerta también UGT de la necesidad de mejorar la coordinación y los controles entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas, puesto que serán estás las que finalmente adjudiquen las ayudas aprobadas” y denuncia que faltan” mecanismos de información transparente, agrupada y puntual de las acciones que se acometen territorialmente”.
CCOO considera que es el momento de hacer el esfuerzo fiscal necesario para tratar de salvaguardar empleo hasta que el proceso de vacunación alcance la inmunidad de grupo y la economía se recupere: “Pedimos al Gobierno que acelere el programa de reformas sociales necesario para que el esfuerzo económico que está haciendo España se filtre y llegue a las personas trabajadoras y a la mayoría social cuando se produzca la recuperación. En este sentido, fortalecer la negociación colectiva y la estabilidad en el empleo, serán variables determinantes que hay que abordar desde ya, como venimos reclamando las organizaciones sindicales”.
UGT considera que “no es momento de retirar ayudas a hogares y empresas, sino de reforzarlas, para que, cuando se recupere la normalidad sanitaria, se recobre de manera rápida la actividad y el empleo, y con ellos, la calidad de vida de millones de personas trabajadoras que están atravesando enormes dificultades desde marzo de 2020”.
En definitiva, habrá que esperar a ver los mecanismos, procedimientos y controles que se establezcan finalmente para conceder las ayudas directas o acceder a quitas y moratorias, porque al fin y al cabo, los detalles resultan fundamentales.
Redactor jefe de Noticias Obreras
