Antón Costas, nuevo presidente del Consejo Económico y Social

Antón Costas, nuevo presidente del Consejo Económico y Social
El Gobierno ha aprobado el nombramiento de Antón Costas Comesaña como presidente del Consejo Económico y Social (CES). El nombramiento, viene precedido de un amplio consenso del arco parlamentario y de los agentes sociales y económicos que componen esta institución.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines. Está compuesto por 61 personas en representación de tres ámbitos: los principales sindicatos representativos; empresarios y organizaciones profesionales; y expertos.

El CES tiene diversas funciones, como emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales; elaborar estudios e informes, en el marco de los intereses económicos y sociales que son propios de los interlocutores sociales, con las siguientes materias: Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Vivienda, etc.

Antón Costas (Vigo, 1947) es doctor en Economía e ingeniero técnico industrial. Ha sido profesor titular y después catedrático de política económica en la Universidad de Barcelona, donde, en las tres últimas décadas, ha impartido docencia, ha llevado a cabo investigaciones y publicado numerosos artículos, ensayos y libros sobre las cuestiones económicas, sociales y laborales que forman parte de las funciones y actividades del CES. Su carrera académica se ha desarrollado en Cataluña, junto a profesores insignes como Fabián Estapé, Ernest Lluch o Jordi Nadal. El catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona tiene un discurso muy distinto al que estamos acostumbrados.

En el año 2017 escribió el libro El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcione, donde propone un giro a la política social y económica de las últimas décadas. Fruto de aquella publicación fue entrevistado por José Luis Palacios en Noticias Obreras, una conversación que recuperamos para nuestros lectores y lectoras.

Hay que reconstruir el contrato social que
en definitiva es volver a vincularla economía
con el progreso social y la democracia

Usted defiende el capitalismo, pero no cualquier capitalismo. ¿No es lo mismo el anglosajón que el centroeuropeo?

El andamiaje es el mismo pero, en términos de progreso social, igualdad o pobreza, son muy diferentes. Hoy hay que decir también que es diferente el capitalismo chino y el capitalismo ruso. Es como el colesterol, lo hay del malo y del menos malo. Prefiero hablar de la economía social de mercado, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, como un contrato social que suponía el compromiso de aquellos a los que les va mejor de no olvidarse de los que quedan atrás. Lo que sucede hoy es que se le ha caído la «s» de social y tenemos una economía más de libre mercado.

No es frecuente encontrar una defensa moral del mercado ni hablar de él en términos de virtudes…

Disciplinar al mercado no es fundamentalmente una tarea desde fuera, que también, sino que las virtudes surgen de dentro del mismo, siempre y cuando ese mercado funcione con el principio de competencia, que hace que los precios y los bienes y servicios respondan a los costes de producirlos. El problema es que en muchos casos, sucede hoy y sucedió en el pasado, el funcionamiento de los mercados no responde a esa ley de la competencia, sino a lo que podríamos llamar la dinámica monopolística de la formación de precios.

A mí me gusta una sociedad con márgenes importantes de libertad económica. Adam Smith decía que el progreso económico y social necesita poco más que un poco de libertad económica. Él estaba contra los viejos monopolios, los gremios y el proteccionismo. Esto no quita para que el Estado moderno cumpla con sus funciones. Es fundamental, como mínimo, para asegurar la igualdad de oportunidades en la vida de los más jóvenes, mediante el sistema educativo y el sistema de salud, y para garantizar que las personas mayores tengan ingresos ante el desempleo, la enfermedad o la jubilación, gracias al sistema de protección social. Hasta mitad del siglo pasado cuando ocurría alguna de estas situaciones entrabas en la pobreza.

¿Son conscientes los dirigentes políticos de la ruptura del llamado contrato social?

Si uno pregunta cuál es el rasgo común de todas las democracias occidentales, la respuesta es el desplome de la socialdemocracia. Probablemente porque está pagando la factura de la utopía cosmopolita, de las terceras vías que creyó que ya se podía gobernar la economía sin buscar el consentimiento de los actores sociales. La socialdemocracia, no tanto los liberales, fue la que construyó ese discurso optimista que venía a decir que no hacían falta políticas sociales, de que dejando a los mercados financieros y al comercio a su aire traerían el bienestar y la riqueza para todos. No había ningún fundamento económico para esa narración. Ahora el riesgo es la utopía contraria, la creencia de que se puede gobernar la política sin tener en cuenta para nada el consentimiento de los actores económicos. Eso sería lo que ha pasado en Cataluña.

¿Cómo explica lo ocurrido en Cataluña?

Cuando explota el malestar social, en 2011 con el 15M, en Cataluña, también emerge una expresión específicamente catalana, la irrupción de la Asamblea Nacional Catalana. Mientras que las nuevas izquierdas alternativas se dirigen a buscar más y mejor democracia y cargan contra las élites, en Cataluña se dirigen contra el Estado central, enarbolando la bandera de la independencia y adoptando los rasgos típicos de la mentalidad populista. En la medida en que el nacionalismo catalán entra en la disputa entre ERC y CiU por la hegemonía del poder político, se apoya en el independentismo populista.

Pero, usted mismo plantea que hay reformar el Estado y encontrar nuevos consensos…

Hay que escribir el manual de funcionamiento del Estado de las Autonomías , que a mi juicio ha sido un gran invento durante prácticamente 40 años, que vino sin instrucciones y tuvimos que aprender por ensayo y error. Pero ahora los expertos ya saben qué funciona y qué no. Las instituciones autonómicas deben tener claras sus competencias para tener legitimidad, poder y rendición de cuentas y la administración central lo mismo. No tiene sentido poner en marcha un sistema de dependencia decidida por una administración y financiada por otras. Esto no afecta solo a Cataluña. Tenemos que pensar también en el gasto per cápita por autonomía. El País Vasco está a años luz del resto en casi todo. La diferencia no viene necesariamente por el concierto, sino por el cupo. El acuerdo para los presupuestos es muy revelador.

¿Ve posibilidades de renovar el contrato social, de reeditar de algún modo los Pactos de la Moncloa, para combatir la pobreza y la desigualdad?

Es un esfuerzo que hay que hacer pero que será largo, como lo fue también en el pasado. El crecimiento económico ha vuelto en todos los países europeos. Pero es un crecimiento extraño que no trae la mejora para todos. Esta ruptura entre economía y progreso social es el elemento más perturbador que tienen nuestras sociedades y nuestras democracias. La democracia es el sistema político que está más preparado para intentar reducir la desigualdad y la pobreza. Si los que están mal son mayoría deberían utilizar ese voto para obligar a los políticos a adoptar medidas en beneficio del interés general. Lo intrigante es que no es así. Los pobres votan menos y cuanto más pobres, menos votan. Un objetivo de las fuerzas progresistas en este momento sería atraer a toda esa parte cada vez más creciente de la sociedad que está al margen a los procesos electorales.

¿Ha aprovechado España los estímulos del Banco Central para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo?

España es el país de la OCDE que mejor comportamiento exportador en términos relativos ha tenido desde el 2001, antes de la crisis, desde la entrada del euro, una moneda fuerte que podía perjudicar la exportación. Los bienes y servicios protagonistas del excepcional comportamiento exportador no tienen nada que ver con la devaluación salarial. Eso funciona para los negocios del mercado interno. Tenemos que mejorar y mi libro va en esa línea, pero partiendo de la afirmación de que nuestra economía tiene buenos fundamentos.

Si los que están mal son mayoría
deberían utilizar ese voto para obligar
a los políticos a adoptar medidas en beneficio
del interés general. Lo intrigante es que no es así

Usted plantea que falta sociedad civil, instituciones intermedias que disciplinen el mercado y que promuevan la colaboración por el interés general.

Somos una democracia, una sociedad y una economía poco sofisticadas que tienen muy pocas instituciones intermedias de todo tipo, desde los medios de comunicación a asociaciones, centros de pensamiento…, dedicados a todo tipo de objetivos e incluso instituciones más estrictamente económicas. Elogio mucho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es una buena institución en ese sentido, una imposición del memorándum del rescate de la Unión Europea. Este tipo de instituciones son muy importantes. Las patronales españolas, en este sentido, son muy patronales, se dedican solo a los salarios y la regulación contractual y no desarrollan una política industrial, de promoción de las empresas. Hay poco tejido intermedio. La responsabilidad básica aquí es de la sociedad. Debemos ir a un mejor reparto de tareas y responsabilidades. Tenemos que crear entre todos esa sociedad más dinámica, más rica en iniciativas. Esto no se puede esperar del poder político.

Ahora que la competitividad se ha convertido en una obsesión de los responsables de las políticas económicas y del empresariado, usted habla de factores olvidados de la productividad…

Un buen empresario es una persona que se preocupa de que sus directivos y sus trabajadores estén muy vinculados a su proyecto, por lo que procura interesarse por ellos, por sus carreras, por su aprendizaje y financiar la mejora de salarios e incentivos. El clima sociolaboral  es básico para la productividad de una empresa y un país. Es muy difícil gestionar bien una empresa con los trabajadores cabreados, como lo es gestionar bien un país con la sociedad cabreada. Debemos fijar tanto en el ámbito empresarial como dentro de cada institución aquellos objetivos que son buenos para todos y que por lo tanto crean ese escenario de colaboración tan necesario.

¿Cuáles son los cinco grandes asuntos que debe resolver España?

Hay que reconstruir el contrato social que en definitiva es volver a vincular la economía con el progreso social y la democracia. Y dado que nuestro problema es fundamentalmente distributivo, debemos entender que no lo podremos arreglar solo actuando sobre los impuestos aumentando el gasto, donde las izquierdas creen que hay que actuar, sino que habrá que abordarlo desde el lado de la economía y de la democracia.

Primero, propongo estabilizar la economía, para evitar el ciclo maniaco-depresivo que en cada crisis aumenta la pobreza y la desigualdad; segundo, aumentar la eficiencia de la economía con políticas antimonopolios; y tercero, rescatar los factores olvidados de la productividad, que no son los bajos salarios y la precariedad, sino el tamaño y la gestión de las empresas.

Desde hace pocos años, los economistas cuentan con datos que nos permiten decir, al contrario de lo que veníamos diciendo, que una sociedad un poquito más equitativa da lugar a una economía más sana y saludable, a un crecimiento más sostenible en el tiempo. Ya no hay un dilema entre eficiencia y equidad. Ahora sabemos que si repartimos un poco mejor el pastel conseguimos que aumente su tamaño. Este sería el cuarto reto que fundamentalmente tiene que ver con la democracia.

En quinto lugar, hablamos de que nuestra democracia es poco sofisticada. Le faltan instituciones intermedias y necesita mayor separación entre la administración y el poder político, además de repartir mejor el poder y la responsabilidad a través del Estado de las Autonomías.

 

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