El avance en la negociación permitirá alcanzar, en breve, un acuerdo en materia de pensiones

El avance en la negociación permitirá alcanzar, en breve, un acuerdo en materia de pensiones

En los últimos días los contactos se han intensificado y se sitúan en un escenario con avances que permitirán lograr, con toda probabilidad esta misma semana, un acuerdo en la mesa de diálogo social en materia de Pensiones y Seguridad Social, según las fuentes consultadas.

En este sentido, hemos podido conocer que el proceso de diálogo de los últimos meses ha posibilitado avanzar en cuatro líneas de actuación, aunque todavía insuficiente al quedar todavía cuestiones fundamentales por resolver. Los anuncios realizados en el reciente congreso de UGT por su secretario general, Pepe Álvarez –un archivo pdf con el texto del “preacuerdo” era compartido en el reciente congreso del sindicato– , y las declaraciones del líder de CCOO, Unai Sordo, reconocía que, a pesar del buen proceso de las negociaciones, los principales escollos para cerrar el pacto están en la fórmula de revalorización (artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social) y el factor de sostenibilidad . Dos materias claves de la exigencia de derogación de la reforma de 2013 y, con ello, de que finalice con acuerdo este proceso de concertación.

Otra línea esencial de la negociación es el fortalecimiento de la estructura de ingresos, culminando el principio de separación de fuentes, y de la protección social derivada de ello, que debe concretar el Estado vía transferencias propias, estimado en aproximadamente un 2% del PIB, y con un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por ingresos reales, que permitirá también una mayor protección social para el trabajo autónomo, según fuentes sindicales de la negociación.

Además, deben producirse cambios en el modelo de jubilación flexible, que pasan por renunciar a actuar sobre la edad legal de acceso a cualquier modalidad de jubilación, y a articular medidas que modifiquen el contexto de incentivos y desincentivos. Estos cambios afectan a las modalidades de acceso a la jubilación anticipada voluntaria-involuntaria; por razón de la actividad o en caso de discapacidad; demorada; activa; forzosa; mayores de 62 años en procesos de incapacidad temporal; y la adecuación de la edad legal y efectiva de jubilación.

Y, por último, se pretende mejorar las medidas para favorecer y potenciar la protección social en la pensión de viudedad de parejas de hecho, en la cotización del personal becario; con la creación de una Agencia Estatal de la Seguridad Social; la inclusión de una cláusula de “salvaguarda” que permitan el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma (2011) para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo; o el establecimiento de convenios especiales para cuidadores y cuidadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Los escollos que quedan pendientes de resolver, además de aclarar determinados aspectos técnicos –siempre importantes en este tipo de acuerdos para evitar distintas interpretaciones–, es el factor de sostenibilidad de la reforma del 2013, que debe ser derogado claramente, y los coeficientes reductores sobre la base reguladora, ya que la propuesta avanzada por el gobierno plantea recortes que nos son aceptados en la negociación y que mantiene abierta esta cuestión con otras alternativas más solidarias y equitativas planteadas por las organizaciones sindicales.

En relación a la jubilación forzosa tampoco hay acuerdo en las propuestas que se están dialogando ya que un retroceso a esta figura que se aplica en multitud de convenios colectivos tendrían un impacto en miles de trabajadores y trabajadoras.

La situación de esta mesa de diálogo social, que inició sus trabajos en octubre de 2020, se encuentra en una fase de negociación avanzada, que permite vislumbrar un posible primer acuerdo en el que se han incluido elementos importantes –aunque no todos– y en el que aún queda por resolver las cuestiones relevantes ya señaladas. Todo ello, sin que la CEOE haya desvelado su posición, en tema no menor para que el posible acuerdo tenga recorrido, y en vísperas de una nueva marea de movilizaciones de pensionistas en defensa del sistema público.