Luismi Castro: “La Iglesia debería promover una alianza mundial por la vivienda digna”

Luismi Castro: “La Iglesia debería promover una alianza mundial por la vivienda digna”
La Iglesia debería promover una alianza mundial por la vivienda digna, afirmó Luis Miguel Castro, doctor en Sociología y consiliario diocesano de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), en la última edición del Diálogo #VenyloVerás: “El derecho a techo en la DSI”.

El director de Noticias Obreras, Abraham Canales, dejó claro, en la presentación del encuentro, que, para la Iglesia, el derecho sagrado a la vivienda es un principio básico de justicia social, pues si “se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana…, es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos” (FT 127). Canales recordó la importancia para los trabajadores cristianos de “estudiar y aplicar la doctrina social de la Iglesia, para hacer frente a los nuevos desafíos del mundo contemporáneo, que puede ser luz y esperanza también para las personas no creyentes”.

Castro, autor del Tema del Mes “El derecho a la vivienda desde la DSI”, buscó inspiración y aliento en el pensamiento social cristiano para abordar “un auténtico problema desde hace años” en nuestro país como es el acceso a un techo digno, más que cuestionado con el constante reguero de desahucios y el alza sin fin del precio de las casas.

La vivienda, una necesidad básica para las personas, forma parte de los derechos humanos, cuyo cumplimiento garantiza el respeto a la dignidad de las personas. Así lo entiende la Iglesia que está en completa sintonía con el derecho internacional.

Ejercer los derechos reconocidos

Castro comenzó su intervención, precisamente, subrayando la coincidencia entre la DSI, mirada evangélica a la realidad social, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “No es solo un enunciado, sino que los Estados están obligados a proteger estos derechos jurídicamente y hacerlos efectivos”, explicó. De hecho, denunció que “no respetar este derecho es violar otros derechos fundamentales que se derivan de este, como la educación, la salud y formar una familia”.

El enfoque de derechos humanos implica que “toda política pública en cada país debe orientarse a hacer realidad los derechos humanos”, recordó Castro. Según su punto de vista, es evidente que la situación de la vivienda, convertida en objeto de negocio y especulación, contraviene por completo los principios del magisterio social.

El destino universal de los bienes condiciona la propiedad privada al bien común; el derecho al justo salario establece que el resultado del trabajo debe asegurar las condiciones materiales para el desarrollo personal y familiar; la subsidiariedad impele a las empresas a que asuman su responsabilidad social con todos los afectados por su actividad económica, y no solo sus accionistas.

El sector de la vivienda como estructura de pecado

La Iglesia defiende que la ética debe articular la actividad económica en todas sus fases, porque tiene que ver con la persona, con sus derechos y su dignidad, explicó Castro, quien considera que “las empresas implicadas en la vivienda han renunciado a ejercer la responsabilidad social por la que se deberían regir, han renunciado a guiarse por la ética, al forzar el alza de precios que promueve el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría incentivando el endeudamiento”.

La DSI no da lugar a equívocos: el mercado ha de ser controlado oportunamente por las fuerzas sociales y el estado, de forma que se garanticen las exigencias fundamentales, los derechos humanos, entre los que figura de forma destacada la vivienda.

“Se ha fomentado durante años la formación alrededor de la vivienda de una auténtica estructura de pecado, todo un sistema movido por el deseo de ganancia y sed de poder, a cualquier precio, que hace sufrir a las personas e impone su forma de ver la vida, sus valores”.

La intervención de la Administración y sociedad civil

Por lo tanto, las Administraciones públicas de la mano de la sociedad civil están legitimadas para intervenir en el sector de la vivienda a favor del bien común. La promoción de viviendas públicas, la regulación de los precios, la prohibición de los desahucios, la búsqueda de alternativas de alojamientos dignos y hasta la expropiación de pisos vacíos, cuando se den las condiciones adecuadas, son medidas que la Iglesia ve con agrado.

“Hay exigencias humanas que escapan a la lógica del mercado, y por tanto, no son ni pueden ser simples mercancías”. En consecuencia, “no se puede privar a nadie de la vivienda por no poder comprarlas, alquilarlas o hacer que renuncie a otras cosas fundamentales”, detalló el sacerdote.

La Iglesia, lo ha dejado bien claro el papa Francisco, ve positiva la implicación de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública, en concreto, en la defensa de los derechos, que es también la manifestación de la sed de participación de ciudadanos como constructores de desarrollo y democracia.

El fomento de las asociaciones civiles que se implique en estos temas y favorezcan que las personas afectadas se conviertan en protagonistas de su propio camino es considerado como una buena política, por su aportación a la democracia y a la defensa de los derechos humanos, para la comunidad cristiana, llamada a implicarse y colaborar con ellas.

Luis Miguel Castro considera que del mismo modo que la Iglesia ha promovido una alianza mundial a favor del trabajo decente, debería impulsar una coalición similar a favor del derecho a la vivienda. También aboga por la confluencia de los movimientos orientados a las famosas 3 “T”: tierra, techo y trabajo, dado que “se defenderán más derechos, más personas y más dimensiones de las personas”.