El anteproyecto de ley de vivienda, “oportunidad perdida”

El anteproyecto de ley de vivienda, “oportunidad perdida”
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda entre fuertes críticas de las entidades sociales y sindicatos que denuncian la escasa ambición del gobierno y exigen a la coalición que sostiene el ejecutivo que rectifique.

La norma será tramitada por procedimiento de urgencia de modo que su aprobación definitiva y entrada en vigor se calcula para el segundo semestre de 2022. “Es una ley histórica para combatir los excesos del mercado inmobiliario y para dar seguridad jurídica al proteger al inquilino y al propietario, ha destacado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,

No opinan lo mismo las cerca de 120 entidades sociales que forman la plataforma la iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, que han expresado su “profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el estado español”.

Si bien es cierto que la norma establece un marco estatal para definir conceptos como las áreas de mercado tensionadas, la vivienda digna o el gran tenedor de vivienda e incluso prevé protocolos de actuación ante los desahucios, delega las competencias en otras administraciones

“Es una ley de vivienda que no garantiza el derecho al a misma, no impide los desahucios, no regula los precios de alquiler, no amplia el parque de viviendas en alquiler, inexistente en las ciudades, no obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquileres accesibles para dejar atrás el tsunami de desahucios”, añade Lucía Delgado, Lucía Delgado, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El anteproyecto contempla que las comunidades autónomas puedan limitar los precios en las zonas tensionadas de las viviendas, en función de un cálculo que deberá establecerse en los próximos 18 meses, de los grandes propietarios con personalidad jurídica.

Los inquilinos y las inquilinas de una zona tensionada podrán pedir una prórroga extraordinaria de tres años cuando su contrato esté a punto de terminar para mantener seguir pagando la misma cantidad, aunque existen excepciones que facultan al arrendador a incrementar el alquiler en un 10%.

Además, se ofrecen bonificaciones fiscales e incentivos a los propietarios que apuesten por el alquiler y deja en manos de los ayuntamientos la decisión de penalizar hasta el 150% en el IBI a “aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas”.

La Ley por el Derecho a la Vivienda fija una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para las viviendas protegidas, reservando un 50% de esa cantidad al alquiler social. Serán los ayuntamientos, si utilizan esta facultad que le reconoce la norma, los que deban compensar a los promotores.

En caso de desahucios, los juzgados intervendrán de oficio para proceder a su suspensión durante dos meses, si el propietario es una personas físicas y cuatro meses si es una persona jurídicas al término de los cuales los ayuntamientos tendrán que ofrecer una solución habitacional. “¿Dónde?”, se pregunta Lucía Delgado sobre el destino alternativo que las administraciones tienen que ofrecer a las personas y familias expulsadas de sus hogares. “No lo sabemos, porque no hay un parque de viviendas disponibles”, responde.

También el sindicato UGT ha elevado el tono de sus críticas: “Después de acumular casi ocho meses de retraso respecto al compromiso adquirido”, señala que las medidas anunciadas son “insuficientes para blindar la función social que desempeña la vivienda, lo que supone perder una oportunidad histórica para garantizar, de forma permanente y estructural, el derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y asequible”.

Arremeten los activistas por el derecho a la vivienda contra la actitud del socio minoritario del Gobierno: “Es difícil de entender que la Ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es “poco ambiciosa y no les gusta”, pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada que registraron en el Congreso solo cinco días antes, junto con otros ocho partidos políticos, para firmar deprisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el Derecho a la Vivienda ni se vislumbra como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país”.

Por eso, las entidades sociales exigen al Gobierno que “recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando con el Gobierno y enmendando el texto insuficiente del gobierno”.

 

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