Piden al Gobierno una apuesta por los derechos humanos y medioambientales

Piden al Gobierno una apuesta por los derechos humanos y medioambientales
Más de medio millar de organizaciones de la sociedad civil y del tercer sector piden al Gobierno que cumpla con su compromiso y aborde una Ley de Debida Diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.

Más de 530 organizaciones que forman la Plataforma por las Empresas Responsables han instado al Gobierno español a que, antes del fin de esta legislatura, cumpla su compromiso de elaborar y aprobar una ley que establezca la obligación a las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales y que, asimismo, garantice el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.

«En la actualidad hay empresas en España que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos”, declaró Isabel Tamarit, portavoz de la Plataforma por las Empresas Responsables.

Recuerdan al Gobierno sus compromisos adquiridos

En su Carta abierta al presidente y a las vicepresidentas del Gobierno de España, la Plataforma recuerda a Pedro Sánchez el compromiso que adquirió el año pasado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, al afirmar que: «cada inversión, cada empresa y cada cadena de valor ha de ser un transmisor de inclusión, de empleo decente y de sostenibilidad». En dicho documento, las organizaciones recuerdan que, además, «los dos partidos políticos que actualmente conforman el gobierno de coalición incluyeron en sus programas electorales la promesa de una ley de este tipo».

Del mismo modo, rememoran cómo hace ya cuatro años, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a España adoptar medidas legislativas «para asegurar la responsabilidad legal de las empresas respecto de las violaciones de los derechos cometidas por estas o por sus filiales en el extranjero; establecer mecanismos efectivos que garanticen que las empresas identifican, previenen y mitigan los riesgos de violaciones de los derechos y garantizar el acceso a recursos efectivos por parte de las víctimas». Incluso, muestran cómo dicho Comité mostró su preocupación en 2018 por los vacíos del ordenamiento jurídico español.

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Organizaciones no gubernamentales, cristianas y sindicales

La Plataforma por las Empresas Responsables es una coalición de catorce organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y está formada, entre otras, por ONG vinculadas a la Compañía de Jesús como Alboan y Entreculturas; reconocidas ONG como Amnistía Internacional, Oxfam o Greenpeace; y grandes plataformas como la Coordinadora de ONGD, formada por más de 550 organizaciones o la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, con 31 organizaciones (la Confederación Cáritas Española, con sus más de 70 Caritas diocesanas forma parte de ambas). También pertenecen a esta plataforma Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (la red eclesial por la defensa de la Casa común en la que también están integradas Cáritas, Manos Unidas y la Confederación española de religiosos, CONFER,entre otros), el Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y el sindicato USO.

Además, se han adherido a esta petición, personas del mundo académico, empresas y organizaciones empresariales como la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES, que representa al 10% del PIB y está integrada por 29 organizaciones, todas ellas confederaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos tan representativos como ONCE, Ilunión, Grupo Atlantis y Corporación Mondragón, entre otros y, que representan los intereses de 43.192 empresas en España.

 

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