El lastre de la “papolatría”
La celebración de un Consistorio de cardenales en Roma los pasados 29 y 30 de agosto ha desatado un cúmulo de rumores sobre si, en realidad, estaríamos asistiendo a una especie de ensayo general, previo a un encuentro en el que, no tardando mucho, podría ser elegido el sucesor de Francisco.
Más allá de estas y otras especulaciones, creo que tal convocatoria ha sido una especie de “rendición de cuentas” ante la institución que, a la vez que le eligió para tal responsabilidad en marzo de 2013, le encargó una reforma a fondo de la curia vaticana. Los “bien informados” sostienen que los cardenales de entonces le confiaron tal cometido no solo por las luchas –intestinas y notorias– entre diferentes facciones o por las filtraciones a la prensa de informaciones sensibles, sino también porque, durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, dicha curia venía funcionando como un diafragma entre el Papa y el resto de los católicos. Y lo hacía a la sombra de una relectura que –propiciada por estos dos sucesores de Pedro– no solo daba pie, entre otros excesos, a un ejercicio de la autoridad desmedidamente unipersonal, sino que también favorecía actitudes y comportamientos “papolátricos”. Nada que ver con lo aprobado en el Vaticano II cuando proclama que la “potestad suprema sobre la Iglesia universal” la posee el colegio de los obispos con el Papa, reunidos en concilio o dispersos por el mundo (LG 22). Por tanto, ni el Papa solo, ni los obispos por su cuenta (y, menos, la curia), sino conjuntamente.
Reaparecía el siempre peliagudo asunto del poder en la Iglesia. Los cardenales, prestando más atención a los síntomas que a la causa del problema, le encomendaron una reforma a fondo de la curia para que dejara de proceder como el diafragma que estaba siendo en la relación que –constitutiva– existe entre el Papa, los obispos y, por extensión, con todos los católicos. Entiendo que esto es lo que ha hecho Francisco –después de nueve años de trabajo– al convocar y celebrar este Consistorio: “misión cumplida”, les ha dicho.
Pero a lo largo de estos años, en los que ha ido madurando la reforma, han aparecido diferentes cuestiones vinculadas con el ejercicio del poder en la Iglesia. Retengo dos.
La primera, vinculada a la necesidad, en expresión del papa Bergoglio, de una “conversión del papado” que llevara a un ejercicio del mismo “de abajo a arriba”, es decir, a tomar decisiones escuchando a los directamente concernidos. Es lo que expresó en el Sínodo de obispos de 2015, con la imagen de la Iglesia como una “pirámide invertida”. Pero es una “conversión” que ha mostrado sus limitaciones, tal y como se evidenció tras la finalización del Sínodo sobre la Amazonía. Entonces se pudo comprobar que tal “conversión”, además de pasar por un admirable proceso de escucha, seguía necesitando una reorganización más policéntrica de la autoridad papal. Personalmente sostengo que lo puede ser prolongando la experiencia –casi bimilenaria, en algunos casos– de los más de treinta ritos existentes en nuestros días y teniendo muy presente la máxima de San Agustín: “unidad en lo fundamental, libertad en lo opinable y en todo caridad”.
Y la segunda, referida a la participación en el gobierno y magisterio eclesial de los cerca de 1.400 millones de católicos que, como también proclama el Vaticano II, “son infalibles cuando creen”. Dicha participación pasa –al menos– por consultarlos a todos ellos sobre un asunto, por supuesto, de fondo, y antes de tomar una decisión al respecto. Francisco, a diferencia de sus predecesores, no solo ha dispuesto que tal escucha sea preceptiva y no meramente optativa, sino que ha abierto un proceso sinodal para abordar la cuestión de cómo ha de ser una Iglesia realmente sinodal. No se trata de rizar el rizo, sino de imaginar e implementar mecanismos que hagan creíble esa imagen de una Iglesia asemejada a una pirámide invertida. Ese es el asunto que está en juego desde el año pasado y que tendrá un momento culminante en octubre de 2023, cuando se celebre el Sínodo mundial de obispos en Roma, tras todo un largo proceso de escucha, diálogo y formulación de propuestas.
Entonces, se podrá ver cuál es la sinodalidad que se quiere activar: la que vienen desarrollando las iglesias latinoamericanas (consulta al pueblo y debate y decisión de los obispos, con la ayuda de teólogos) o la que se puso en marcha en la estadounidense, en el tiempo inmediatamente posterior a la finalización del Concilio: contar con sucesivos documentos que, enviados a las bases para su estudio y enmienda, sean finalmente aprobados (o no) por la Conferencia Episcopal.
Sabremos si es esta última la sinodalidad que se pone en juego cuando, una vez finalizado el encuentro de obispos en octubre del próximo año, se envíen a todas las diócesis del mundo –como sostuvo no hace mucho, el cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo– lo debatido y aprobado en la asamblea episcopal para una posterior lectura y enmienda en las diócesis de todo el mundo, antes de presentar el texto definitivo a Francisco para que lo ratifique, si lo estima oportuno.
Finalizado el tiempo de la primera consulta, toca esperar y hacer caso omiso a los rumores.
Sacerdote diocesano de Bilbao. Catedrático emérito en la Facultad de Teología del Norte de España (sede de Vitoria).
Autor del libro Entre el Tabor y el Calvario. Una espiritualidad «con carne» (Ediciones HOAC, 2021)
